Activistas afganas denuncian que la suspensión de empleo a las trabajadoras en organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales impuesto ayer por el Gobierno de los talibanes cierra una de las fuentes de ingreso más importantes para las mujeres más vulnerables de Afganistán.
La decisión afectará a miles de familias que dependen de los ingresos que perciben las mujeres por su labor humanitaria en un país con una economía colapsada tras la suspensión de los fondos de la comunidad internacional con la llegada al poder de los fundamentalistas en agosto de 2021.
“Como yo, miles de chicas y mujeres somos el principal sostén económico de nuestras familias. A las mujeres no se les permite trabajar en organizaciones gubernamentales y ahora están suspendidas de trabajar en ONG, por lo que no hay medios de subsistencia para que sobrevivamos”, alertó a EFE Meena Noorzai, trabajadora en un centro de llamadas de una ONG internacional.
La activista indicó que cientos de ONG locales cuentan con el apoyo financiero de instituciones internacionales “para empoderar a las mujeres en Afganistán”, por lo que este veto supone además un retroceso en materia de derechos para las afganas.
La orden también podría provocar que las ONG instaladas en Afganistán detengan sus operaciones y el país deje de percibir una ayuda económica imprescindible para brindar asistencia humanitaria a millones de familias en situación crítica.
“Hay miles de ONG nacionales e internacionales que están trabajando en Afganistán” que se verán afectadas por esta medida y que gracias a su presencia “se han distribuido miles de millones de dólares de ayuda humanitaria en Afganistán”, señaló a EFE por su parte la activista social afgana Nahid Noori.
Este nuevo veto a las mujeres, que se produce a los pocos días de suspender la educación universitaria femenina, se suma a una plétora de restricciones impuestas desde la llegada al poder de los talibanes, entre las que se incluye la imposición del velo, la segregación por sexos o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.
Pese a que prometieron respetar los derechos humanos en un intento por recuperar los fondos de la comunidad internacional, la realidad de las mujeres afganas se asemeja cada vez más a la del primer régimen talibán de entre 1996 y 2001, cuando en base a una rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.
“Las mujeres no pueden recibir una educación superior, las mujeres no pueden obtener un puesto de trabajo en el gobierno y las mujeres no pueden trabajar en las ONG, lo que significa que las mujeres solo pueden respirar”, remarcó Noor.
En respuesta a la condena internacional hacia las recientes medidas contra la libertad de las mujeres en el país, los talibanes advirtieron de que algunas de estas prohibiciones, como la de la educación universitaria femenina, son de carácter temporal y que su gobierno está “comprometido” con todos los derechos humanos, siempre y cuando cumplan con la ley islámica o sharía.
EFE