Cientos de ecocidios se cometieron en el estado Lara a lo largo del año 2022, hechos que ocurrieron a la vista del régimen de Nicolás Maduro, que se hizo “de la vista gorda” para frenar estos ataques en contra de la naturaleza en la región.
Yanitza Martínez // Corresponsalía LaPatilla
La mayoría de los ecocidios se cometieron para obtener provecho económico. Uno de los más resaltantes fue el ejecutado en el municipio Torres, específicamente en las parroquias Camacaro y Reyes Vargas, donde fueron deforestados cerca del 60% de sus bosques.
Esta situación se comenzó a denunciar a principios del año, y se conoció que la actividad ilícita tuvo como propósito la extracción de carbón vegetal, el cual posteriormente fue vendido en Barquisimeto y otras ciudades del país.
Señalaron habitantes de estas zonas que estas personas venden la tonelada del carbón de Vera en 200 dólares, mientras que la del Curarí se ubica en 160 dólares y el Cují en 130 dólares.
La tasa de pérdida de cobertura forestal es realmente alarmante, por lo que activistas y vecinos aseguran que los bosques de la parroquia Camacaro fueron deforestados en un 60%, mientras que los de Reyes Vargas registran una tala del 70% de vegetación, porcentajes que encabezan las estadísticas en materia de cobertura ambiental en el país.
Afectaciones de salud
Esta situación ha generado severas afectaciones en la salud de los residentes de esta parroquia, quienes manifiestan que luego de la tala realizan la quema para producir el carbón, proceso que efectúan al aire libre, provocando muchas veces incendios forestales.
Por otro lado, denuncian que la ribera del río Tocuyo fue dejada sin árboles, razón por la cual también corren el riesgo de que este afluente comience a secarse.
Esta indiscriminada actividad se ha convertido en el “negocio redondo” de muchas personas. Al respecto, hay quienes señalan a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de estar detrás de estas carboneras y comercializar el producto sin mayores inconvenientes.
Es necesario mencionar que la Alcaldía del Municipio Torres realizó la convocatoria a 30 empresas para buscar la legalización de las carboneras, y solo ocho presentaron la documentación y apenas tres están legalizadas ante el Ministerio de Minas, es decir, que más de 25 organizaciones realizan la actividad de manera ilegal y sin ningún tipo de permisología.
En la parroquia Camacaro surgió el movimiento ambientalista Vuval, que habría solicitado medidas de protección al Tribunal Superior Tercero Agrario de Barquisimeto. Esta acción legal fu declarada con lugar y con la misma lograron interponer la demanda formal ante el Ministerio Público para que tome las medidas correspondientes al caso.