Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, está ad portas de la extradición a Estados Unidos donde deberá responder por narcotráfico. La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia le dio el visto bueno y el Gobierno de Gustavo Petro ya firmó el aval para que sea enviado. Sin embargo, una tutela radicada actualmente ante el Consejo de Estado tiene frenado el proceso.
Por SEMANA
Cabe recordar que, a comienzos de diciembre de 2022, el Consejo de Estado le confirmó a su defensa que las medidas cautelares que habían pedido fueron rechazadas por considerar que no se puso de presente la vulneración de los derechos fundamentales en la decisión que tomó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la posterior firma del Petro.
En la admisión de la tutela, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo aseguró que no existen motivos para suspender el trámite de extradición. En el análisis del caso se determinó que no se cumplían los requisitos para avalar las medidas cautelares reclamadas por la abogada Ludy Santiago. Sin embargo, una tutela que sigue en estudio no ha permitido que sea enviado como debió ocurrir hace varios días.
En otras palabras, se negaron las medidas cautelares pero la tutela sigue siendo el obstáculo para que el trámite se dé de manera legal y Córdoba se pueda subir al avión que lo llevará ante la justicia norteamericana.
SEMANA conoció que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, le acaba de pedir al Consejo de Estado que declare improcedente la tutela.
Fuentes del proceso señalan que la defensa consideraba que la decisión de enviar a Córdoba era un asunto de tipo político. Sin embargo, las pruebas contra Córdoba en el expediente son tan contundentes que una Corte del distrito sur de Nueva York le pide explicaciones.
Este fue el primer recurso de Córdoba después que el Ministerio de Justicia rechazara la solicitud de revisión presentada por su defensa. El hombre, que se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, ha intentado por medio de su abogada que se le reconozca que sus derechos al debido proceso y defensa fueron vulnerados y que no existe razón para llevárselo a otro país.
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