La fiscalía japonesa inculpó este viernes al hombre sospechoso de asesinar al ex primer ministro Shinzo Abe, luego de que una evaluación psicológica determinó que está en condiciones de enfrentar un juicio, informó la prensa local.
Tetsuya Yamagami fue detenido inmediatamente después de la muerte a tiros del exgobernante en julio cuando daba un mitin en la ciudad de Nara.
El hombre, de 42 años, pasó meses sometido a una evaluación psicológica que concluyó esta semana con su traslado a una estación policial en Nara.
Yamagami enfrenta cargos de asesinato y violación de las leyes de control de armas, según el diario Yomiuri y la agencia Kyodo, y podría enfrentar la pena de muerte en caso de ser condenado.
La fiscalía del distrito de Nara no se pronunció al ser consultada por AFP.
Yamagami admitió matar a Abe, según medios locales, y las imágenes tomadas en el momento lo muestran disparando lo que parece ser un arma de fabricación casera.
Supuestamente mató a Abe por considerar que tenía vínculos con la Iglesia de la Unificación.
Según reportes, Yamagami estaba resentido con esta iglesia por las cuantiosas donaciones que hizo su madre, las cuales dejaron a su familia en la quiebra.
Abe no era integrante de la Iglesia de la Unificación, pero una vez se dirigió a un grupo afiliado, al igual que lo han hecho otros dirigentes mundiales, como el expresidente estadounidense Donald Trump.
Fundada en Corea en 1954 por Sun Myung Moon, la secta alcanzó relevancia mundial en los años 1970 y 1980.
La iglesia negó estar implicada en actividades ilegales y se comprometió a evitar las donaciones “excesivas” de sus miembros.
Investigaciones posteriores a la muerte de Abe revelaron vínculos estrechos entre la iglesia y muchos legisladores conservadores del partido de gobierno, incluyendo un ministro que renunció.
Las revelaciones causaron enojo en Japón y afectaron la imagen del gobierno del primer ministro Fumio Kishida.
Su gobierno ordenó una investigación, que podría poner fin a las exenciones tributarias de la iglesia, e impulsó leyes que endurecen las reglas para las donaciones religiosas.
AFP