Tras la visita de la Presidencia de la República al departamento se anunció un constante monitoreo de la difícil situación de los menores de edad, especialmente de comunidades aborígenes.
Por infobae.com
El Gobierno nacional ordenó una serie de “medidas urgentes” para atender la situación que varios niños, niñas y adolescentes de las comunidades nukak y jiw, en San José del Guaviare, estarían viviendo a manos de civiles y presuntos miembros de las Fuerzas Militares tanto de Colombia como del extranjero.
Dentro de las acciones, según informó la Casa de Nariño en las últimas horas, están el solicitarle a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que desarrollen iniciativas que le permitan a las comunidades aborígenes del Guaviare restablecer sus derechos humanos, territoriales y que se garantice, entre otras cosas, sus costumbres espirituales y culturales.
Entre otras medidas también se contemplará que los funcionarios que cometan omisión a la hora de reportar casos de abuso sexual deberán someterse a investigaciones por parte de los órganos de control para corroborar que, en efecto, cumplen la labor para la que fueron designados.
“Se hará un seguimiento o investigación en el Ministerio de Defensa para determinar la evolución investigativa de los hechos reportados, con el fin de rendir un informe del estado y situación de los casos que ICBF reportó en el desarrollo de la comisión y que, según las denuncias, involucran a algunos miembros de las Fuerzas Militares”, informó el Ejecutivo.
Los militares, además, con gestión de la cartera que dirige el ministro Iván Velásquez, serán capacitados en “formación e instrucción en Derechos Humanos desde un enfoque diferencial”. Estas enseñanzas, igualmente, irán dirigidas para los miembros de la Policía del departamento.
A Guaviare, además, en los próximos dos meses, deberán llegar lo que el Gobierno llamó como “dos unidades interdisciplinarias y especializadas para el fortalecimiento de las Defensorías de Familia del ICBF” del departamento que propenderán por los indígenas y otra en violencia de género.
Otra de las carteras que entrará a actuar al Guaviare será la que dirige Carolina Corcho: el Ministerio de Salud y Protección Social, al que le corresponderá “adelantar la construcción de un plan de acompañamiento efectivo de las violencias que se presenten en el territorio” y deberán idear un mecanismo que sirva para todas las culturas del Guaviare y así aplicar en enfoque “de interculturalidad que tiene el municipio y articular todas las estrategias de intervención estatal para la niñez tanto en un punto fijo de la zona como en itinerancia”, agregó la Presidencia.
“Se van a priorizar los cuatro municipios del departamento en el Plan de Universalización Progresiva y Territorial de la Educación Inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia, para que todos los niños y niñas cuenten con los diferentes servicios de las entidades involucradas en esta ruta”, concluyó el Ejecutivo exhortando a la colaboración de las alcaldías y la Gobernación.