El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en España, ha confirmado la suspensión de sus funciones durante seis meses por falta muy grave a un policía que trabajaba de actor pornográfico como segunda actividad “sin haber solicitado previamente la compatibilidad”.
Por: La Razón
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso del TSJ madrileño desestima así el recurso formulado por David V. R. (condenado además al pago de las costas hasta un máximo de 500 euros) y ratifica la sanción que la Dirección General de la Policía le impuso en noviembre de 2020 al agente, destinado en una comisaría de distrito de un municipio andaluz, en aplicación del Régimen Disciplinario de la Policía. La resolución sancionadora consideró esa actividad alternativa incompatible no solo por su carácter remunerado sino por menoscabar con la misma el estricto cumplimiento de sus deberes, perjudicando la imagen institucional del Cuerpo. El agente puede ahora recurrir en casación esta resolución.
La Dirección General de la Policía abrió expediente disciplinario al agente en noviembre de 2018 tras constatar que se publicitaba en redes sociales, “con un determinado seudónimo, como actor pornográfico, siendo totalmente reconocible en algunos de los fotogramas”, algunos de “alto contenido sexual”. El condenado facilitaba además un correo “para contrataciones”, pues actuaba “en salas especializadas realizando espectáculos pornográficos en directo” y grababa vídeos de la misma temática.
El agente esgrimió que su perfil como actor porno “era privado, no abierto al público” y que sus derechos estaban cedidos a una productora, por lo que desconocía si esta cobraba por el acceso a los contenidos. Dijo que no cobraba nada, que nunca trabajó como profesional y que lo hacía “por afición” y como un simple amateur, sin percibir cantidad alguna por derechos de imagen ni identificarse como policía ni utilizar su nombre real.
Su pareja cobraba 300 euros por escena
Su expareja, Sonia, que le acompañó en uno de esos espectáculos, dijo a la Policía que ella cobraba 300 euros por escena y que el actor no cobraba nada “porque lo habitual es que solo sobre la actriz”. El agente se quejó de que no se le había comunicado la comparecencia de su expareja, con la que dice tener una relación de enemistad, y que no pudo asistir a la misma, por lo que solicitó la nulidad de la prueba.
El policía defiende que si hubiera solicitado la compatibilidad con esa segunda actividad se la hubieran concedido “sin ningún género de dudas” pues las incompatibilidades se ciñen solo a trabajos relacionados con el sector público o a casos de suplantación de horarios que afecten a la función policial o a la percepción de salario.
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