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El expresidente independentista de la región de Cataluña Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, niega que cometiera malversación ni desórdenes públicos durante el proceso soberanista ilegal catalán de octubre de 2017, y alega inmunidad parlamentaria como eurodiputado.
De esta manera, su defensa se opone a las decisiones del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena.
El magistrado desistió el 12 de enero pasado de procesarlo por el delito de sedición -derogado recientemente por el Parlamento español-pero mantiene la causa judicial contra Puigdemont por desobediencia y por el delito de malversación agravada, castigado con una pena de hasta 12 años de prisión, por los mismo hechos.
En un recurso al que ha tenido acceso EFE, el abogado Gonzalo Boye asegura que Puigdemont “ni antes de la reforma (penal) ni después de esta podía ni puede ser acusado del delito de sedición, mucho menos del de rebelión, ni del de desórdenes públicos (…) porque en ningún sistema democrático los hechos de octubre de 2017 son incardinables en ningún tipo delictivo”.
Y añade que “lo mismo ha de suceder respecto del delito de malversación” de caudales públicos porque los hechos imputados “son, a lo sumo, inexistentes”.
Pero más allá de negar delito alguno, la defensa asegura que lo que hace Llarena es “confundir inmunidades con aforamientos”, y añade: “No siendo competente este Tribunal Supremo” español para conocer de las causas contra eurodiputados, “tampoco lo es para dictar el auto aquí recurrido”, relativo al procesamiento por desobediencia y por malversación agravada.
Esto determina, en opinión del abogado del político soberanista, la nulidad del procedimiento, incluida la orden de detención en España; y pide dejarla sin efecto, una vez que fue elegido diputado del Parlamento Europeo en los comicios de mayo de 2019.
Llarena ya lo rechazó en su día con el argumento de que la orden de detención se dictó en España antes de que Puigdemont, que reside en Bélgica, adquiriera la condición de eurodiputado.
Boye pide así al juez español que declare su incompetencia para conocer de esta causa y anule todas las decisiones adoptadas tras convertirse Puigdemont en europarlamentario.
Mientras tanto, el Tribunal General de la UE tiene pendiente pronunciarse dentro de pocas semanas sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont; y lo mismo el Tribunal de Justicia sobre las euroórdenes españolas de entrega.
EFE