Entrada la tarde de este jueves organizaciones no gubernamentales (ONG) y víctimas de violaciones de derechos humanos tuvieron la oportunidad de reunirse con Volker Türk, quién es alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para DDHH, allí fueron seleccionados varios voceros entre los que destacó el periodista y ex-preso político Carlos Julio Rojas, el cual relató las violaciones a la libertad de expresión cometidas por el régimen de Nicolás Maduro y profundizó sobre el accionar criminal de los colectivos armados en Venezuela.
Carlos Julio Rojas, activista de DDHH y secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodista seccional Caracas, explicó cómo para la dictadura de Maduro los periodistas son considerados criminales, destacando que solo desde 2019 han sido detenidos 152 trabajadores de la prensa y 15 de ellos tienen procesos judiciales abiertos. “Estas estadísticas tienen rostros como son los de Darvinson Rojas, Jesús Medina y muchos otros, quienes como yo vivieron un sufrimiento extremo solo por el hecho de ejercer nuestro derecho humano a la libertad de expresión. Al hablar con usted permanecen detenidos tres comunicadores sociales en condiciones inhumanas como son Roland Carreño, Ramón Centeno y Carlos Debais, este último tiene boleta de excarcelación y la tiranía se niega a liberarlo”, indicó.
“Colectivos son el brazo armado de la dictadura de Maduro”
Rojas asimismo habló de los colectivos, los cuales en realidad son grupos paramilitares apoyados por la dictadura de Maduro, convirtiéndose en su brazo armado para el control social de la población. “En los casos que hemos denunciado en Caracas ejercen represión en todas las barriadas a través de las amenazas a líderes sociales, agresiones y represión a quienes protestan pidiendo agua o electricidad, asimismo tiene el monopolio de las pocas ayudas sociales dadas desde el régimen siendo, estas, posteriormente revendidas en divisas. Son comisarios políticos en las comunidades y sirven del primer anillo represor del régimen al ser tu vecino, por ejemplo en 2017 integrantes del colectivo 5 de marzo asesinaron de un disparo en la cabeza al joven estudiante Carlos Moreno, de 17 años, quien protestaba en Plaza Estrella exigiendo democracia”, exclamó.
El también coordinador del Frente Norte de Caracas, señaló durante su exposición que estos grupos armados a través de la invasiones crearon cinturones de protección de la dictadura alrededor de ministerios e instituciones del Estado, pero a pesar de vestirse con indumentaria chavista y de tener su apoyo la principal motivación no es política, sino económica. “Las invasiones son su motor financiero para seguir ejerciendo su terror, allí se manejan altas cifras en dólares”, afirmó.
El expreso político declaró que La dictadura de Maduro no puede eludir su vinculación con estos colectivos, cuando muchos de ellos han llegado a ocupar altos cargo de Gobierno, como son los casos de los diputados Carmen Zerpa y Rigel Sergent o la exalcaldesa de Caracas Erika Farías y el actual jefe de Gobierno Nahúm Fernández. “Sergent por ejemplo, aparece en un video reventando la puerta de un apartamento el cual invadió. Han llegado a niveles de violencia, como en noviembre de 2022 colectivos armados agredieron brutalmente hasta intentar quemar a una familia propietaria de un estacionamiento en el centro de Caracas, los cuales intentaban recuperar su propiedad. Aunque parezca insólito, ciudadanos en Venezuela han sido presos por defender su propiedad”, sentenció.
Video/@CarlosJRojas13:“Sepa @Volker_turk–@UNHumanRights que la tiranía de @NicolasMaduro usa a #colectivos como brazo armado para reprimir al pueblo,siendo las #invasiones su motor financiero llegando al nivel de intentar quemar a #propietarios o llevarlos presos”vía @TVVnoticias pic.twitter.com/sgb4HiPpxt
— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) January 27, 2023
Transcripción del discurso ante OACNUDH: Tema libertad de expresión y accionar de colectivos armados
Podría hablarles de mis propias violaciones a los DDHH las cuales incluyen varias agresiones físicas, como colectivos cayéndome a batazos frente a la Fiscalía, intimidación llegando al nivel de amenazas de muerte o cárcel, o mis cuatro carcelazos uno de varios meses en Ramo Verde donde me convertí en el primer periodista venezolano en estar recluido en cárcel militar, donde además de vejaciones sufrimos tortura psicológicas como quitarte el derecho a tomar agua por días hasta entrar en grados humanos de desesperación, colocarte corriente en la cabeza o torturar a chamos rebelados contra la dictadura hasta que supliquen convertirse en sapos (delatores).
Para la dictadura los periodistas somos terroristas
Les vengó a hablar de cómo para la dictadura de Maduro ser periodista te convierte en criminal, y a las cifras me remito, desde el Colegio Nacional de Periodista Seccional Caracas hemos denunciado, por ejemplo, que desde 2019 han sido detenidos 151 trabajadores de la prensa y 15 colegas periodistas estamos con procesos judiciales abiertos, estas estadísticas tienen rostros como son los de Darvinson Rojas, Jesús Medina y muchos otros quienes como yo vivieron un sufrimiento extremo solo por el hecho de ejercer nuestro derecho humano a la libertad de expresión. Hoy cuando hablo con usted permanecen detenidos tres comunicadores sociales en condiciones inhumanas como son Roland Carreño, Ramón Centeno y Carlos Debais, este último desde hace meses tiene boleta de excarcelación y la tiranía se niega a liberarlo.
Esto sin contar las campañas de hostigamiento y criminalización hacia periodistas y activistas de derechos humanos preparadas por el mismo régimen y publicadas desde las redes sociales hasta canales del estado y páginas web ligadas al oficialismo, nos quieren presentar como terroristas, en mi caso por ejemplo hace pocos días colectivos y diputados del PSUV se apersonaron en el Palacio de Justicia exigiéndole al presidente del Circuito Penal de Caracas y demás jueces criminalizar mi ejercicio periodístico y de lucha social solo por defender el derecho humano a la propiedad privada.
Colectivos: Son el brazo armado de la dictadura de Maduro
También debo hablar de los colectivos, los cuales en realidad son grupos paramilitares apoyados por la dictadura de Maduro, convirtiéndolos en su brazo armado para el control social de la población, en los casos que hemos denunciado en Caracas ejercen represión en todas las barriadas caraqueñas a través de las amenazas a líderes sociales, agresiones y represión a quienes protesta pidiendo agua o electricidad, asimismo tiene el monopolio de las pocas ayudas sociales dadas desde el gobierno de Facto de Maduro, siendo estas robadas por ellos y luego vendidas en dólares en el mercado negro. Son comisarios políticos en las comunidades y sirven del primer anillo represor del régimen al ser tu vecino. En 2017, por ejemplo, integrantes del colectivo 5 de marzo asesinaron de un disparo en la cabeza al joven estudiante Carlos Moreno, de 17 años, quien protestaba en el centro de Caracas exigiendo democracia.
Se ha documentado por parte de organizaciones de la sociedad civil como nuestra ong Frente Norte de Caracas en alianza con Cedice y el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) , la participación de los “colectivos”, grupos armados vinculados al Partido Socialista de Venezuela (PSUV), en invasiones a viviendas, tierras, comercios e industrias y el consecuente desplazamiento forzado de sus dueños, despojando tanto a venezolanos de sus propiedades, como a personas con nacionalidad española, portuguesa e italiana.
Estas invasiones de los colectivos se dan mediante el uso de la violencia y de armas de fuego para intimidar y amenazar a los propietarios. Existen evidente omisión y complicidad de instituciones (policiales y autoridades administrativas o penales) en la protección de la propiedad, en ocasiones con tolerancia o apoyo de funcionarios públicos o figuras políticas, y en general, no se presentan detenciones de los responsables que son plenamente identificados, ni se abren procesos penales por las graves violaciones a derechos humanos que se producen en estas invasiones.
En Caracas se contabilizan centenares de edificios, comercios y viviendas invadidas y de familias desplazadas internas en los últimos años, que tienen como consecuencia el control territorial y poblacional por parte de colectivos; así como amenazas a los vecinos, el control de comercios, los servicios públicos y la extorsión (vacunas) en los barrios donde estas invasiones tienen lugar.
La dictadura de Maduro no puede eludir su vinculación con estos colectivos, cuando muchos de ellos han llegado a ocupar altos cargo de Gobierno, como son los casos de los diputados Carmen Zerpa y Rigel Sergent o la exalcaldesa de Caracas Erika Farías y el actual jefe de Gobierno Nahúm Fernández. Sergent por ejemplo, aparece en un video reventando la puerta de un apartamento el cual invadió. Han llegado a niveles de violencia como en noviembre de 2022 colectivos armados agredieron brutalmente hasta intentar quemar a una familia propietaria de un estacionamiento en el centro de Caracas los cuales intentaban recuperar su propiedad. Aunque parezca insólito, ciudadanos en Venezuela han sido presos por el “delito” de defender su propiedad.
Estos grupos armados a través de las invasiones crearon cinturones de protección de la dictadura alrededor de ministerios e instituciones del Estado, pero a pesar de vestirse con indumentaria chavista y de tener su apoyo, la principal motivación no es política, sino económica. Ya que las invasiones son su motor económico para seguir ejerciendo su terror, allí se manejan altas cifras en dólares.
Alto comisionado dígale al dictador Maduro que los periodistas no somos terroristas, que la propiedad privada tan violada por su régimen y sus colectivos es también un derecho humano.
Nota de prensa