Un sofisticado, oscuro y millonario plan amenaza la paz total del presidente Gustavo Petro. SEMANA conoció en exclusiva que algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta un millón de dólares a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá. La escandalosa trampa tiene las alarmas encendidas en la Casa de Nariño, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Inpec, así lo reseñó la Revista SEMANA.
El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles de Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro. En ese entonces se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes. En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones. Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que hoy destapa SEMANA.
Varios abogados consultados por este medio dieron fe, bajo reserva, de lo que está ocurriendo en las cárceles donde están recluidos los narcos. “A mi cliente le contaron que con ese pago se garantiza la no extradición, mientras, al mismo tiempo, era posible apuntar a unos beneficios. El tema surgió y se conversó. La información circuló entre varios abogados. Algunos aseguran que tienen audios y chats que confirman las exigencias de dinero”, sostuvo una abogada que defiende a varios capos.
Y agregó: “Incluso se conoce el caso de un narco extraditado, con el nombre o el alias de Álex, que hizo un pago de un millón de dólares a una ONG que le aseguró que ese trámite quedaría congelado, pero no le cumplieron y seguramente estará denunciando ese pago ante las autoridades de Estados Unidos”.
Sobre las pruebas, otra fuente indicó: “Hay un abogado que tiene todas las grabaciones con las exigencias de dinero de dos reconocidos personajes a los narcos para incluirlos en la paz total. Pero tiene miedo de entregarlas”.
Ante estas graves denuncias, el comisionado de paz, Danilo Rueda, expresó que su oficina está al tanto de los hechos: “Hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”.
Otro caso que activó las alertas en el Gobierno fue el de José Ómar Henao Acevedo, alias Ómar, señalado de ser un gran capo de la mafia en Antioquia y de comandar la tenebrosa banda de los Pachelly. Este grupo criminal ha manifestado públicamente su voluntad de formar parte de la paz total de Petro. Henao Acevedo estaba preso en una URI de Medellín, pero las autoridades tuvieron una información delicada en el sentido de que le habría pagado a un abogado hasta 120 millones de pesos para ser trasladado a la cárcel de Itagüí. Sin embargo, ya estaba “perfilado” para ser recluido en La Picota, en Bogotá, dijo una alta fuente del Inpec. Por eso, su plan falló y puso en evidencia una primera movida corrupta para obtener beneficios.
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