Estoy convencido, no obstante el criterio contrario de muchos de mis amigos y compañeros de ruta, que el cerco se restringe alrededor de Maduro y de su círculo íntimo, por lo que ni atornillado ni en su mejor momento. Ejemplos son muchos y siempre en aumento. Hoy leemos en la prensa internacional la noticia sobre la decisión de un gran Jurado Federal de Miami promovido por la fiscalía sur de la Florida, acusando a Maikel Jose Moreno Perez, ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y actual magistrado, de sobornos y lavado de dinero.
No es una novedad las decisiones de diferentes tribunales estadounidenses en contra de este sujeto con antecedentes penales. Ya en julio del 2020 el secretario de Estado Mike Pompeo anunciaba una recompensa de US$ 5 millones por información que condujera a la captura de Maikel Jose Moreno Perez, quien para ese entonces era presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, así como de su esposa, la italo venezolana Debora Sacha Menicucci Anzola. Se cree que Maikel Jose Moreno Perez en el año 2018 ha podido obtener la nacionalidad italiana, dada su condición de cónyuge de una ciudadana de ese país europeo.
Las autoridades en Washington consideran a este sujeto como parte importante de redes internacionales de corrupción y del crimen organizado, agregando su nombre al de otros altos cargos de Venezuela por los que se ofrecen cuantiosas recompensas, entre estas 15 millones de dolares por el propio presidente Nicolás Maduro, de quien el embajador Brian Nichols la ha confirmado pocos días atras a traves de la siguiente nota de prensa: “El Departamento de Estado norteamericano mantiene vigente la recompensa ofrecida desde 2020 por la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien es acusado por la Justicia estadounidense de crimines de narco terrorismo”.
Maykel Jose Moreno Perez es un personaje coherente con el concepto que caracteriza a la nomenclatura madurista, compuesta por funcionarios públicos, así como por altos rangos de las Fuerzas Armadas Nacionales, quienes se han caracterizado por acompañar a Maduro en la oprobiosa disponibilidad de saquear los recursos de la nación.
La investigación en contra de Maikel Moreno en los Estados Unidos de América se inició en el año 2017 y quien tiene prohibición de visitar los países de la Unión Europea, así como Canadá y algunos otros países para los cuales el drama de Venezuela les preocupa. El hoy solicitado por la Corte Federal del distrito Sur de Miami es dueño, según los informes en los cuales se basan las autoridades judiciales norteamericanas, de una importante fortuna, siendo considerado como una piedra angular, en el criminal negocio que un grupo de delincuentes han hecho al adueñarse impúdicamente de las instituciones de una nación.
Pero Maykel Jose Moreno Pérez no comenzó sus andanzas en el mundo delincuencial solo ahora bajo la mirada complaciente y cómplice del Palacio de Miraflores. El ex presidente del más alto tribunal venezolano fue acusado de haber participado en el asesinato de una mujer en el Estado Bolívar en 1987, delito del cual fue encontrado culpable.
Maikel Jose Moreno Perez para el momento del homicidio trabajaba como agente en la Disip, cuerpo de policía dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores, hoy inexistente, permaneciendo dos años en prisión por este crimen. En el año 1989 y según el expediente Nº 552755, se le acuso de participar en el asesinato de Rubén Gil Márquez, hecho sucedido durante una balacera en Caracas en 1989. No siendo hallado culpable por el tribunal de la causa.
La fiscalía del estado de la Florida de los Estados Unidos de América decidió abrir una investigación sobre este sujeto ya desde el año 2017. Los fiscales consideran que han reunido pruebas y evidencias por lo que han solicitado a un juez federal que convocase un Gran Jurado Federal para así exponer los indicios y proceder a abrir formalmente un proceso en contra de Maikel Moreno Perez.
Según la acusación que la fiscalía presentó al Gran Jurado Federal y el cual está compuesto de cinco a siete ciudadanos convocados para considerar si hay una causa probable para creer que una persona acusada ha cometido el delito del que se le acusa y que debería sujetarse a un juicio. Es la fiscalía federal la que con sus pruebas y evidencias le pide a un Juez la convocatoria de un Gran Jurado Federal el que autoriza decide abrir un procedimiento judicial al sospechoso de crímenes, tales como el utilizar fondos derivados de actividades ilícitas para comprar propiedades en todo el mundo, incluida una villa en la Toscana italiana, región originaria de su esposa por 2,4 millones de euros y una mansión en La Romana, República Dominicana, por 1,5 millones de dólares. Veamos algunas de las acusaciones de la fiscalía para pedir al Gran Jurado federal la autorización para proceder en contra de Maikel Moreno Perez.
En 2014, antes de su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo, recibió un millón de dólares a través de transferencias bancarias por parte de un contratista venezolano por resolver futuros casos penales a favor de esta persona. Según la fiscalía de Florida, Maikel Moreno también lavó dinero de un empresario acusado en Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara la causa.
Aceptó, además, autorizar el embargo judicial de una fábrica de automóviles de la General Motors (valorada en unos 100 millones de dólares) a cambio de un porcentaje de interés en los beneficios de la venta de la compañía.
El magistrado del régimen chavista, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de contratistas venezolanos que tenían convenios con entidades propias de la dictadura de Nicolás Maduro. Moreno utilizó el dinero de los sobornos para comprar o renovar propiedades en todo el mundo, incluida una villa en Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una mansión en La Romana, República Dominicana, por 1,5 millones de dólares, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por 1,3 millones de dólares, y un apartamento en Miami por 1,3 millones de dólares. También utilizó los ingresos de los sobornos para comprar carros de lujo, costearse viajes para él y su familia, además de gastar más de 300.000 dólares para una actuación musical en su boda, algo que según los fiscales no lo han visto ni siquiera en el México del Chapo Guzman.
Durante su gestión como máximo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Moreno influyó en la mayoría de las decisiones judiciales, penales o civiles, ya que tenía la autoridad para determinar el jurado que conocía los casos dentro del organismo y el poder de nombrar o destituir a los jueces de tribunales inferiores, según la acusación penal presentada por la fiscalía de Florida. Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019.
Cada uno de los delitos de blanqueo de capitales se castiga con una pena máxima de 20 años, y cada uno de los cargos de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas conlleva una pena máxima de 10 años. El Gran Jurado Federal falló a favor de la solicitud de la fiscalía del distrito sur de Miami por lo que Maikel Moreno es también solicitado a que rinda declaraciones ante esta fiscalía.
El hecho que un sujeto condenado a pena cierta por el crimen de una mujer, haya sido designado magistrado de ese alto tribunal, es para muchas personas, simplemente incomprensible. Pero su designación no se quedó solo en ser un magistrado, en el año 2015 fue nombrado Presidente de la Sala Penal. Si, Propio a él, un ex presidiario y no por razones políticas. ¿Su crimen? feminicidio, considerado como uno de los actos más viles que el ser humano pueda cometer. Maikel Moreno no se contentó con ser uno más de los 32 magistrados y con la complicidad de las doñas, aquellas que desde el Palacio de Miraflores coordinan sigilosamente los hilos de la administración de la justicia, logró que lo designaran Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Y a partir de ese momento todo, cualquier cosa, hasta una Miss como nueva esposa.
Maikel, simplemente Maikel.
Raúl Ochoa Cuenca, en Campobasso el 28 de enero del año 2023.