Para el académico Carlos Casanova, coordinador del Centro de Estudios de Frontera e Integración (CEFI) de la Universidad de Los Andes, la Ley del Sistema Tributario del estado Táchira, que fue aprobada el pasado viernes en el parlamento regional, no fue previamente consultada con los habitantes, presenta fallas de redacción y definición, genera una doble tributación a los venezolanos y es inconstitucional, porque los Consejos Legislativos no pueden crear nuevos tributos.
Corresponsalía lapatilla.com
Ante este escenario, un grupo de profesionales del Derecho de la región, que integran el Movimiento Solidaridad, Dignidad e Integridad Gremial, estudiarán el articulado a fin de presentar una invalidación si da lugar a ello, en vista de que lo más curioso es que hasta el viernes, la sociedad civil desconocía el contenido de esta ley, cuando es de obligatorio cumplimiento la consulta pública.
Incluso, varios diputados consultados por lapatilla.com a la hora de ahondar en detalles, manifestaron desconocer el articulado propuesto.
Destacó que al Consejo Legislativo del estado Táchira, según la Constitución de la República de Venezuela actual, solo se le atribuyen tres competencias, pues gran parte de sus atribuciones están centralizadas, a diferencia del poder nacional y el poder municipal, que tienen competencias propias, mientras que la Gobernación es una figura representante del Ejecutivo nacional, y no tiene competencia propia desde que todo fue centralizado.
Por tanto, Casanova explicó que en Táchira ya existía una Ley de Timbres Fiscales preexistente a esta Constitución, a la cual le pueden hacer modificaciones, pero lo que no puede el Poder Legislativo regional es crear tributos nuevos, como el impuesto del 2% para las personas que les asignen créditos bancarios o el cobro de tasas de salida y entrada en los puntos migratorios terrestres, terminales y aeropuertos de la entidad, que fueron establecidos entre 10 y 5 Unidades Tributarias del estado Táchira.
Adicional, el articulado crea un nuevo cálculo para la Unidad Tributaria del estado Táchira, en la que no explica en qué se basa ese cálculo del 0.25% de un petro, precisó Casanova, puesto que esta ley parece copiada, y en el sistema anterior nunca establecía ese parámetro con base en el petro, sino lo establecido en relación con la Unidad Tributaria Nacional, por lo que este aspecto pudiera no ser legal por su base de cálculo, sin que exista una ley nacional sobre la materia.
“Una cosa es la tarifa o impuesto a la actividad económica que se está produciendo, y otra cosa es la que yo le hago al ciudadano, por lo que ahí lo que están estableciéndole al ciudadano es una carga adicional cuando existe el principio de la no doble tributación”, expuso Casanova.
Indicó que esta ley carece de cálculo económico, dado que toda ley debe tenerlo, con un informe adicional que indique cuánto cuesta la ley, cuánto cuesta ponerla en marcha y en cuánto se estima la recaudación por vía de la aplicación de estos tributos.
Por lo tanto, analizó que la imposición de estos nuevos tributos son un capricho del gobierno regional.
“Sucede que están aplicando tributos a capricho. ¿La tabulación de ese tributo busca qué? No se sabe. ¿Qué pasa con las exoneraciones que ha aplicado el Gobierno nacional?”, refirió.
Deja en el aire aspectos importantes sobre si los niños, niñas y adolescentes que salen o entran por los puentes intencionales sellando pasaporte, pagarán tales impuestos, pasando por encima de leyes especiales.
La Ley del Sistema Tributario Estadal que aprueba el Consejo Legislativo fue aprobada en muy mala hora, acentuó el especialista, porque el ciudadano venezolano vive en una profunda crisis de carácter económico, toda vez que en más de 100 artículos pretenden cobrar por absolutamente toda la actividad administrativa.
“Cuando hay crisis, se bajan los impuestos, no se suben, pero ahora tenemos que el socialismo cobra más impuestos que el capitalismo”, argumentó el académico.
Indicó que esta voracidad fiscal que tienen las alcaldías, y que ahora tiene la Gobernación del Táchira y el propio Gobierno Nacional, es la consecuencia de que del presupuesto nacional fue excluido el petróleo, y el Gobierno Nacional maneja este recurso por fuera, dejando a los estados y municipios sin situado constitucional.
Hugo Saavedra, abogado y diputado de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, expuso que esta ley es innecesaria e inconveniente, ante la situación económica que se está presentando en el país, para que vengan con nuevas tasas y contribuciones, cuando ya en Venezuela sacar un pasaporte cuesta un dineral.
“Los impuestos, tasas y contribuciones que se dan en Venezuela emanan directamente del Hobierno Nacional, del Ministerio de Finanzas y del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat). En el país hay un Código Orgánico Tributario que se encarga de los impuestos, y son las alcaldías las que tienen la posibilidad de aplicar este tipo de tasas y tributos”, dilucidó Saavedra.
No obstante, dejó claro que el Poder Legislativo tiene muy poca competencia tributaria, casi en lo único que sí tienen competencia es lo relacionado con el papel sellado y estampillas, por lo que consideró que la ley recién aprobada es inconstitucional.
Introducirán un recurso ante los tribunales para que analice el articulado y determine su ilegalidad.