Las actividades de los narcotraficantes en la Amazonía brasileña y peruana parecen estar cada vez más conectadas a la deforestación y el aumento de asesinatos de indígenas y activistas medioambientales, advirtió este jueves la ONU en un informe publicado en Viena.
“El tráfico de drogas puede provocar deforestación de manera directa e indirecta”, resalta el documento elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de drogas.
El narcotráfico requiere de grandes extensiones de terreno, sea para los cultivos ilícitos o “cuando el producto del delito se blanquea mediante la ganadería y otras actividades”, indica el informe.
Sea como sea, destaca que el incremento de asesinatos en zonas rurales de la Amazonía coincide con un aumento de la influencia y la diversificación de los delitos cometidos por los grupos del narcotráfico.
“En este sentido, hay cada vez más pruebas (…) de la existencia de una conexión entre el tráfico de drogas y la deforestación ilegal: entre 2017 y 2021, los organismos encargados de hacer cumplir la ley llevaron a cabo al menos 16 grandes incautaciones de cocaína oculta en remesas de madera”, denuncia la JIFE.
Varias “organizaciones delictivas nacionales e internacionales” están presentes en la región amazónica de Brasil, uno de los principales países consumidores y de tránsito de la cocaína del mundo.
Entre ellas destacan “el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, que se disputan el control de las rutas de tráfico”, recuerda la JIFE.
También en Perú se observa que los grupos del narcotráfico han extendido sus actividades, “llevándolas a territorios de pueblos indígenas y otras tierras protegidas, en particular en zonas del Trapecio Amazónico y en las regiones de Puno y Ucayali”, donde ya practicaban la minería y la tala ilegal, además del contrabando.
Los datos disponibles atribuyen a estas organizaciones criminales diez asesinatos, principalmente de líderes de pueblos indígenas, cometidos en territorio peruano entre 2020 y 2021.
“En ese mismo período, la magnitud del tráfico de drogas en el país creció de manera alarmante, ganando más terreno y arraigando con más fuerza en las estructuras sociales y económicas”, subraya el “Informe 2022” de la Junta.
Prueba de ello es un marcado crecimiento de la superficie de cultivos ilícitos de coca en Perú, donde debido a la pandemia de covid-19 y otros factores, las autoridades erradicaron “menos de la mitad” del área de plantaciones ilegales que tenía planeado anular en 2021.
La superficie total de cultivos erradicados fue de 5.774,68 hectáreas, correspondiente a una producción de 62,2 toneladas.
También en Ecuador se registró un aumento de la “violencia que sufre la población local”, destaca la JIFE.
La Junta recuerda que este país es cada vez más usado por los narcotraficantes para almacenar la cocaína que se produce en Colombia y Perú, antes de enviarla a sus destinos finales, que son principalmente Estados Unidos y Europa.
EFE