Los procesos en los que declararía Aída Merlano tras ser deportada de Venezuela

Los procesos en los que declararía Aída Merlano tras ser deportada de Venezuela

Aida Merlano Rebolledo fue condenada a más de 11 años de prisión por actos de corrupción electoral. FOTO: EFE

 

En la mañana de este viernes se cumple la deportación de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, quien en octubre de 2019 se había fugado de una cárcel y huido a Venezuela.

Por eltiempo.com

Estando fugitiva, Merlano había sido condenada por la Corte Suprema de Justicia en dos procesos por irregularidades electorales. En mayo de 2020 fue sentenciada a 11 años y 4 meses de cárcel por compra de votos; y en noviembre de 2022 la Corte la condenó a 5 años y 6 meses por el delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales.

Así las cosas, a su llegada al país Merlano quedaría a disposición de un juez de ejecución de penas para que comience a cumplir las condenas emitidas en su contra. Ese juez tendría que definir su lugar de reclusión.

De otro lado, Merlano está vinculada en otros procesos pero como declarante en casos contra poderosos políticos y empresarios. 

El juicio de Julio Gerlein

En enero de este año, Merlano reapareció en videoconferencia dentro del juicio contra el poderoso empresario Julio Gerlein por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

Según el testimonio de la excongresista, Gerlein fue una de las personas que financió su campaña electoral en 2018, con la que intentó llegar al Senado y, de hecho, Merlano fue elegida para ser senadora, pero la Fiscalía la capturó antes de que pudiera posesionarse.

En el juicio de Gerlein, ella habló de reuniones con Arturo Char, Julio Gerlein y Faisal Cure para que se hicieran multimillonarios aportes a su campaña, y aseguró que en la sede de su campaña, conocida como la ‘Casa Blanca’, el mismo Char fue a llevarle cerca de 500 millones de pesos en efectivo.

“Quiero que se esclarezcan los hechos de 2018 y que todas las personas que tenemos responsabilidad de alguna u otra manera y sean responsables, respondan ante la justicia por cada delito”, dijo Merlano al inicio de la audiencia, añadiendo que supuestamente Gerlein le había dicho en algún momento que llevarla al Senado costaría entre 16.000 y 18.000 millones de pesos.

El proceso contra Arturo Char

De otra parte, Merlano es una de las personas claves en el proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia al exsenador Arturo Char Chaljub, también por posibles delitos electorales.

En este caso, la Corte ya citó a indagatoria a Char y la cita estaba prevista para el 24 de enero, pero tuvo que aplazarse por un cambio en la defensa del excongresista, que renunció al Senado poco después de que la Sala de Instrucción del alto tribunal le abrió una investigación formal por los delitos de corrupción electoral y concierto para delinquir.

En este caso, la Corte indaga a Char por corrupción electoral y concierto para delinquir por supuestamente haber participado en una estrategia ilegal de compra de votos para favorecer a Aida Merlano y a Lilibeth Llinás en las elecciones de 2018.

Ese entramado, conocido como la ‘Casa Blanca’, habría desplegado acciones en Barranquilla y en municipios del Atlántico y el mismo habría tenido un rol activo y de organización de Arturo Char, en detrimento de la participación democrática.

Sobre el regreso de Merlano Rebolledo al país, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado señalando que la mujer está siendo trasladada desde Venezuela hacia Colombia, “no como resultado de una solicitud de extradición que en su momento le fue elevada al señor Juan Guaidó, sin eficacia alguna, sino por deportación, medida reconocida por el Derecho Internacional, tomada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.

La comunicación añade que “ambos países han solicitado el respeto y garantía plena de derechos de la señora Merlano, para lo cual han pedido la presencia de la autoridad judicial correspondiente y la Defensoría del Pueblo”.

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