La misión tripartita de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en Ucrania presentó hoy su nuevo informe sobre los abusos en el conflicto, en el que identifica crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las fuerzas rusas con “un brutal desprecio por la vida de los civiles”.
Así lo subrayó en rueda de prensa el presidente de la misión, el noruego Erik Mose, quien aseguró que el informe, que se presentará la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, muestra que Rusia “ha cometido numerosas violaciones de los derechos humanos y las leyes humanitarias”.
Estos abusos “constituyen crímenes de guerra que incluyen asesinatos, ejecuciones sumarias, tortura y tratos inhumanos, violaciones y deportaciones forzosas”, destacó.
El nuevo documento amplía de cinco a nueve las regiones de Ucrania investigadas por la comisión con respecto al informe preliminar que la misión emitió en septiembre de 2022, también amplía de dos a once los meses a estudio (hasta enero de 2023), añadiendo a la acusación previa de crímenes de guerra la de crímenes contra la humanidad.
“Desde octubre se han observado ataques sistemáticos a infraestructuras de energía, de calefacción, que afectan a millones de personas, y han tenido grave impacto para la educación, la sanidad… por ello podrían constituir crímenes contra la humanidad”, explicó la bosnia Jasminka Dzumhur, miembro de la comisión.
El hecho de que Rusia cuente con lugares específicos para torturar a civiles y prisioneros de guerra, y la brutalidad con la que son perpetrados es otro motivo para acusar a Rusia de estos crímenes de lesa humanidad, añadió la experta.
El informe detalla numerosos tipos de tortura que van desde el suspender a los detenidos del techo con las manos atadas en “posición de loro” al estrangulamiento con cables, bolsas de plástico o máscaras de gas, la violación en confinamiento, palizas o electrocuciones.
En el caso de esas electrocuciones, el documento detalla un método de tortura apodado por los captores como la “llamada de Lenin” o “llamada de Putin”, en el que un teléfono de uso militar es conectado mediante cables a los pies, las manos o los genitales del detenido para usarse como fuente de dolorosas descargas.
Estos castigos en ocasiones se infligían a detenidos por hablar ucraniano o no recordar la letra del himno ruso, indica el informe, realizado con más de 600 entrevistas a testigos y víctimas de estos abusos.
“Las condiciones de detención son inhumanas para hombres y mujeres de todas las edades, y podían suponer crímenes de guerra y violaciones de la libertad y la seguridad de los seres humanos”, señaló el colombiano Pablo de Greiff, tercer miembro de la comisión.
El presidente de la comisión señaló en rueda de prensa que por ahora se ha descartado acusar a las fuerzas invasoras rusas de genocidio, pese a que autoridades ucranianas aseguran que actos como la deportación de decenas de miles de niños de este país a territorio ruso podrían constituir tal crimen.
“Seguimos buscando evidencias en este sentido, algunos hechos parecen apuntar a que Rusia apunta deliberadamente hacia ciertos grupos pero aún no hemos llegado a ninguna conclusión”, señaló Mose al respecto.
El informe también documentó un “pequeño número de violaciones” cometidas en el conflicto por las fuerzas armadas ucranianas, incluyendo ataques indiscriminados y al menos dos incidentes que podrían constituir crímenes de guerra, en los que prisioneros fueron asesinados, heridos y torturados.
La misión tripartita opta por ahora por no dar nombres concretos de líderes y oficiales rusos como responsables directos de los crímenes de guerra y contra la humanidad: De Greiff indicó en rueda de prensa que una lista de posibles perpetradores está “en construcción” pero “no está previsto que se haga pública”.
El informe menciona que más del 90 % de las víctimas civiles han sido causadas por artefactos explosivos (tales como misiles u obuses) que han destruido miles de edificios residenciales, más de 3.000 instituciones educativas y más de 600 instalaciones médicas.
Menciona ejecuciones sumarias de al menos 65 hombres, dos mujeres y un niño de 14 años, en localidades como Bucha, en las afueras de Kiev, especialmente en los primeros meses de conflicto.
En varios casos se atacó deliberadamente a civiles cuando huían de zonas bajo control ruso en áreas como Kiev, Járkov o Sumi, indicó el documento, que denunció que muchos de los detenidos ilegalmente por Rusia están en paradero desconocido.
Los casos de violación documentados fueron contra víctimas de entre 4 y 82 años, a menudo durante registros domiciliarios o contra personas detenidas.
“Se cometieron a punta de pistola, con extrema brutalidad y acompañados de actos de tortura que incluyeron palizas y estrangulamientos”, señala el texto, que subraya que en muchos casos una persona fue violada por varios captores, y en una ocasión era una mujer embarazada que sufrió un aborto pocos días después.
En el caso de las deportaciones forzadas de niños a territorio ruso, “a los niños se les dijo que serían acomodados en instituciones o con familias adoptivas”, y durante su traslado sufrieron maltrato, mala alimentación e inadecuado cuidado médico. EFE