En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de varios vehículos del Sebin – acompañados en su incursión por drones – frente a la Quinta Samán de la Avenida El Samán.
El allanamiento de la moderna mansión de 1.820 m2 que incluye casa de huéspedes, caseta de vigilancia y espacios dedicados a la meditación, piscina y parrilla, se prolongó hasta la madrugada. La propiedad pertenece a Alejandro Arroyo, uno de los detenidos acusado de ser testaferro y operador financiero de la nueva trama de negocios ilícitos de PDVSA.
A través de comunicados en sus redes sociales, la desconocida Policía Nacional Anticorrupción (PNAC) y la “Fiscalía General de la República”, anunciaron el desmantelamiento de una red de corrupción dentro de Pdvsa integrada por “funcionarios que valiéndose de su cargo y autoridad habrían ejecutado operaciones petroleras paralelas a Pdvsa”.
A todas luces se trata de una nueva disputa por el poder dentro de la élite madurista.
La cifra inicial del daño patrimonial a la nación sería de unos 3 mil millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar, calificadas por los investigadores como de “potencialmente irrecuperables ya que están vinculadas a petroleros que salieron del país sin pagar por adelantado, pese a que los clientes habían aceptado esas condiciones”.
Siguió un fin de semana de conjeturas, rumores e incertidumbre que tuvieron su momento más álgido el lunes con la renuncia de Tareck El Aissami al ministerio de Petróleo. Sin embargo, no fue hasta el sábado 25 cuando Tarek William Saab comunicó la versión oficial sobre la nueva trama de corrupción “descubierta” en Pdvsa (la número 31, según el fiscal designado por la Asamblea Nacional oficilialista). La misma recordó a una similar que ofreció en agosto de 2022. En aquella, responsabilizó a Rafael Ramírez del robo de 4.500 millones de dólares a través de operaciones irregulares con el diferencial cambiario. En la presente, Saab no se atrevió a adelantar el monto del atraco pero nombró a los supuestos integrantes de la trama a la que identificó como una “estructura” cuyo “jefe” sería Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA.
Como ya es su estilo, Saab utilizó un tono alterado en la declaración, llena de opiniones personales, imprecisiones y comentarios políticos y hasta filosóficos fuera de lugar, para señalar a los implicados, diez funcionarios y once empresarios detenidos en relación con el caso:
Teniente Coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa desde febrero de 2020 por designación de Nicolás Maduro.
Hugbel Roa, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. Ex ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y ex viceministro de Asuntos Estratégicos del Despacho de la Presidencia de la República.
Joselitt Ramírez Camacho, mano derecha de Tareck El Aissami, director de su despacho y de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Mantiene una buena relación con el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. Está sancionado por EEUU que ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por su captura.
Rajiv Alberto Mosqueda Fregona y Renny Gerardo Barrientos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Y cinco funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de PDVSA: José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Eduardo José Borgones, Henrys Chapellín y Jesús Enrique Salazar.
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