La Sala Permanente de la Corte Suprema de Perú rechazó un recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo para anular las investigaciones en su contra por el fallido autogolpe de Estado que intentó perpetrar el 7 de diciembre pasado, informaron este martes fuentes oficiales.
“Ministerio Público logró que el PJ (Poder Judicial) declare infundada la apelación de Pedro Castillo contra la resolución que rechaza la cuestión previa que pretendía anular el proceso judicial por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, alegando la inexistencia de antejuicio político”, escribió la Fiscalía en su cuenta oficial de Twitter.
La supuesta vulneración del derecho al antejuicio -el proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios-, ha sido el principal argumento de la defensa del exmandatario para pedir la anulación de la orden de 18 meses de prisión preventiva y del proceso judicial en su contra, mediante medio centenar de apelaciones, amparos y otros recursos que, hasta la fecha, no han prosperado.
Esta vez, la apelación se presentó contra la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que rechazó el recurso de cuestión previa para anular esta investigación por rebelión, pero el juez supremo César San Martín la declaró infundada y ratificó la sentencia interpuesta por la sala que lidera el juez Juan Carlos Checkley.
En la resolución, San Martín defiende que el levantamiento del antejuicio político “se sustentó en la conducta” de Castillo, que “vulneró la Constitución”, así como por “la flagrancia delictiva y el riesgo de fuga inminente” del exmandatario.
“Por la flagrancia, resulta urgente e imperativo adoptar un acuerdo que permita la correcta administración de justicia”, señala el documento, antes de enfatizar que, tras el fallido autogolpe de Castillo, en el Congreso “sí existió un expreso debate y una puntual votación, acuerdo y expedición de una resolución acusatoria de contenido penal”.
El juez supremo insiste, en este sentido, en que “la flagrancia delictiva y la situación de urgencia, que implicaban el inicial acto de rebelión y el subsiguiente intento frustrado de alejamiento de la justicia al buscar asilo en los Estados Unidos Mexicanos, demandaba una decisión rápida para autorizar el procesamiento penal contra el encausado”.
Aquel día, Castillo anunció en un mensaje a la nación que dictaba el cierre del Parlamento, la instauración de un Ejecutivo de “emergencia nacional” que iba a gobernar por decreto y la reorganización el sistema de Justicia.
Su decisión fue definida como golpista por la mayoría de la población peruana y Castillo fue arrestado, poco después de dar el discurso, por su propia escolta cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima, supuestamente, para solicitar asilo.
En simultáneo, el Congreso aprobaba su destitución por amplia mayoría.
En su lugar, asumió por sucesión constitucional su vicepresidenta Dina Boluarte, lo que motivó el estallido de protestas en diversos puntos del país para pedir la renuncia de la nueva mandataria, el cierre del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales en 2023.
EFE