En representación de diversas etnias, la indígena Tabea Casique espera que la ONU sea su salvación frente a un proyecto de ley en Perú que busca acabar con los derechos de los pueblos indígenas aislados y permitir la explotación económica de sus tierras en la Amazonía.
El proyecto acabaría con el modo de vida y hasta la propia existencia de unas 7.500 personas de 25 pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, conocidos como PIACI, desperdigados por la Amazonía peruana, así como siete reservas.
La iniciativa deja en manos de los gobernadores regionales “decidir la existencia de los PIACI”, explica Casique, secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se reúne hasta el 28 de abril en Nueva York.
Se trata de un “conflicto de interés” porque “promueven actividades económicas extractivas” dentro de estos territorios, hasta ahora protegidos por ley y los acuerdos internacionales, denuncia esta representante del pueblo Asheninka.
Estos indígenas aislados, muchos simplemente avistados, solo salen al mundo exterior dos veces al año “cuando los ríos bajan con poca agua” porque “algo quieren decirnos” en la distancia, como que “posiblemente están sufriendo alguna invasión” en un territorio sin control, dice Casique.
“Lo plantean como un tema económico: si esa área no genera economía no estaría generando desarrollo”, cuenta a la AFP sobre el proyecto de ley presentado en noviembre de 2022 por el congresista Jorge Alberto Morante, de Fuerza Popular, la derecha fujimorista.
El texto, según ella, es “discriminatorio y atentatorio para los pueblos indígenas” y una “grave amenaza de genocidio” para esta población “que no tiene fronteras” ya que circula entre Brasil y Perú, sin contacto con el mundo exterior.
“Si a esa área de protección indígena va una empresa petrolera o maderera estaríamos extinguiendo a estos hermanos”, alerta.
“La Amazonía está en un punto de no retorno”, asegura. Y explica: “Estamos pidiendo que esa ley se detenga y más bien que se dé mayor atención a los hermanos PIACI”.
Para ello, espera convencer al relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas que envíe una carta al gobierno peruano de Dina Boluarte, que sustituyó en el poder al izquierdista Pedro Castillo, en medio de una crisis política sin precedentes, para que “pare” el proyecto.
Nueve millones de hectáreas amenazadas
Si se aprobara el proyecto, más de nueve millones de hectáreas de bosque amazónico, el 13,5% de toda la Amazonía peruana, estarían amenazadas.
Asimismo, el proyecto propone sacar del proceso para reconocer la existencia de los PIACI y crear reservas indígenas al ministerio de Cultura, de Ambiente y a otras ocho entidades estatales y organizaciones indígenas y dejarlo en manos de los gobernadores y las universidades locales.
“El proyecto es inconstitucional al pretender la regresión en derechos humanos y atentar contra los principios de descentralización” y la legislación vigente, dice un informe elaborado por AIDESEP, que agrupa a nueve organizaciones regionales, 109 federaciones y 2.439 comunidades nativas.
Asimismo, “vulnera de manera directa su derecho a la vida y la salud de estas poblaciones extremadamente vulnerables, violando sus derechos fundamentales constitucionalmente protegidos”.
Perú cuenta con cuatro millones de indígenas que se agrupan en 55 grupos que hablan 47 idiomas, según la organización IWGIA, que recuerda que en 2007 el país votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Solo pedimos tener un ambiente sano, sin contaminación y proteger a nuestros hermanos”, zanja Casique.
AFP