De la justicia no tienen nada que temer los pueblos,
sino los que se resisten a ejercerla”
José Martí
La frase que precede fue acuñada por ese político democrático, ensayista, periodista e independentista cubano, en carta que enviara, en 1892, desde La Habana al editor del periódico The New York Herald; y es célebre que siempre fue consecuente con esa expresión y que su vida (1853-1895) constituye un ejemplo cimero del hombre que luchó en forma tesonera por hacer que prevaleciese la justicia en su tierra natal, una vez alcanzada la liberación de Cuba del dominio colonial español.
Al analizar dicha expresión, ayer como hoy queda claro que quienes han de temer los designios y consecuencias de la aplicación de la Justicia no son los pueblos, sino los magistrados o funcionarios que se resisten a ejercerla.
Sin embargo, del último relato que recién nos denunciaron desde el valle del río Yaracuy -o Uadabacoa (sitio de arboledas) como era llamado por los aborígenes Caquetíos, Jiraharas y Guayones, tribus que habitaban Yaracuy antes de la llegada de los españoles- es obligante, amén con una mínima inteligencia, inferir que quienes están temerosos de la “justicia” que aplican los jueces, es el pueblo yaracuyano: el de a pie, el “Juan Bimba”.
Tal desventura es la que le ha tocado padecer atónitos a los sucesores del caficultor y productor pecuario nirguense Francisco Castro Alvarado, herederos-copropietarios de las unidades de producción agrícolas y pecuarias “El Retobo”, “El Victoriano” y “La Vega”, situadas en el municipio Nirgua del estado Yaracuy: la viuda Marisela Gómez Galeno y los hijos del causante: Elisabeth Castro Livett, Lisbeth Castro Gómez, Fransely Castro Gómez y Francisco Castro Gómez; quienes en el devenir de un litigio agrario han debido sortear las artimañas de sus familiares Rafael Silva Alvarado, Carlos Silva Alvarado, Miguel Silva Guerra y Alexis Silva Olivero, en las que -por supuesto- no podían faltar las aberrantes actuaciones judiciales de los “togados” regionales quienes agavillados impúdicamente hacen y deshacen con el ordenamiento jurídico vigente.
En esta otra desdichada ocasión, aparecen involucrados, en franco contubernio, los jueces Lourdes Silva Alvarado, del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy; Mónica Cardona Peña, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy; Inés Martínez Regalado, del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy; e Iván Palencia Arias, en su dualidad de juez titular del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Nirgua de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy y juez accidental del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
Relatan los denunciantes que, las andadas de esos operadores de “injusticia” están referidas:
En el caso de la jueza Lourdes Silva Alvarado, a ejecutar abusos de autoridad, usurpación de funciones y valerse del cargo para ejercer coacción en favor de su hermano Rafael Silva Alvarado y lograr que éste se haga ilegítimamente de la propiedad de los bienes propiedad de los herederos Marisela Gómez Galeno, Elisabeth Castro Livett, Lisbeth Castro Gómez, Fransely Castro Gómez y Francisco Castro Gómez.
En el caso de la jueza Mónica Cardona Peña, a desaplicar normas jurídicas vigentes y parcialidad en contra de dichos sucesores.
En el caso de la jueza Inés Martínez Regalado, a ejecutar abusos de autoridad, parcialidad y redactar las sentencias de la jueza Mónica Cardona Peña, para inclinar la acción de la “justicia” en contra de los referidos descendientes. Y,
En el caso del juez Iván Palencia Arias, al ejecutar abusos de autoridad, parcialidad y extralimitación de funciones al practicar una inspección judicial en un lugar donde no tiene competencia por el territorio, en desmedro de los derechos privados de los herederos en cuestión.
Pero hay más: la jueza Lourdes Silva Alvarado, acosa, amenaza, trafica con su influencia, abusa de su autoridad, persigue, obstaculiza y viola los derechos humanos y el derecho a la propiedad privada de los integrantes de la Sucesión Castro Alvarado.
La jueza Mónica Cardona Peña, contrariando el Código de Procedimiento Civil, manipula las citaciones para que sean realizadas por el tribunal donde Lourdes Silva Alvarado es jueza.
La jueza Inés Martínez Regalado, fue vista en repetidas ocasiones entrar al despacho de la jueza Mónica Cardona Peña, durante la jornada del despacho, para señalar que debía reponer una causa específica de su interés.
El juez Iván Palencia Arias, en un ilegal allanamiento a las oficinas del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), con evidente abuso de poder y complicidad con la ciudadana juez Lourdes Josefina Silva Alvarado, le incautó el teléfono celular a la funcionaria Ross Liliana Cisneros, lo que ameritó la intervención del jefe regional de esa dependencia, ingeniero Gustavo Mujica, y su queja ante el Ministerio del Poder Popular de adscripción.
En definitiva, todo un concierto activo valiéndose de sus cargos judiciales, torciendo el Derecho, para “ayudar” a los familiares demandados de la susodicha Lourdes Josefina Silva Alvarado, generando estupefacción, confusión y temor en la colectividad yaracuyana y, cuándo no, bajo la lánguida mirada de los funcionarios regionales de la Inspectoría General de Tribunales.
Recuérdese que, son atribuciones de la Inspectoría General de Tribunales: realizar inspección y vigilancia de todos los Tribunales de la República; atender los reclamos que formulen los justiciables o cualquier órgano del Poder Público acerca del desempeño de la actividad judicial y de las oficinas que integran el Circuito Judicial o Circunscripción Judicial respectiva; recabar a través de una averiguación los elementos de convicción en relación a la comisión de faltas disciplinarias sin más restricciones que las establecidas en la ley; iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra las juezas y los jueces, admitir las denuncias y practicar las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos.
¿Y entonces?
Parte de las situaciones que aquí relatamos, por la indebida injerencia de los jueces en cuestión, pueden verse en: https://www.youtube.com/shorts/3Z31IG4ANZc, lo triste del caso también pasa en los demás estados del país y comentó uno allá en el estado Portuguesa una razón de estos es el hambre que acarrea a los juzgadores de la justicia, pero es la realidad y es bien triste, cuando los jueces llegan a ostentar el poder que da la justicia de forma improvisada, desproporcionada, desmedida, desconsiderada, desatenta, descomedida y desconsiderada, cuando lo hacen de una manera desorganizada y sin ni siquiera un equipo de magistrados constituido. Una obra literaria ¨ El Príncipe ¨ de Nicolás Maquiavelo, la cual todo político que se precie de ser un buen político debe conocer, hace referencia a que la imagen del príncipe va a depender en un 100% de las imágenes de sus ministros, hago colación de todo esto porque realmente he visto con profunda preocupación cómo en estos hacedores de justicia que dicen cumplir los cambios profundos de la justicia venezolana, día a día es penetrado, invadido u/o introducido por personajes que distan mucho de ser verdaderos ciudadanos de bien, verdaderos hombres probos de buena fe, llenos de ímpetu por hacer bien las cosas y sobre todo por dejar bien parado a su jefe que en la realidad son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Obediencia indebida autonomía judicial, el abuso de poder y la corrupción judicial también se ve en el circuito judicial penal del estado Portuguesa extensión Guanare. Las jueces suplentes de tribunales municipales delitos menos graves. Acatando decisiones superiores de la presidente circuito judicial penal del estado Portuguesa Dra. Anarexi Camejo vinculada al ruedo judicial de Maikel Moreno quien la trasladó del estado Cojedes
Al feudo judicial de Guanare estás jueces suplentes cometiendo errores inexcusables de derecho teledirigidos por la juez de control primero estatal Dra. Lisbeth Karina Díaz compañera de estudio de Tareck Al Aisammi por ser merideña de Santa Cruz de Mora ha sido el instrumento que utilizó el ex fiscal Torres en la gestión de Luisa Ortega Díaz para complacer a su cliente el todopoderoso ganadero portugueseño Carlos Ruiz Zapata para declinar una causa municipal a los tribunales penales de Barinas dónde se encuentran imputados defendidos por los abogados Jameiro Aranguren y Lucettny Canelón. Ya que el fin inconfesable de estos jueces suplentes es cumplirle a Ruiz Zapata y declinar fraudulentamente al estado Barinas, para que le entreguen unos semovientes bufalinos. Este capricho procesal ha sido alentado desde la presidencia de ese circuito judicial penal desconociendo la institución procesal del conflicto negativo de competencia entre los tribunales municipales de Portuguesa en una misma jurisdicción pero los intereses ha subastado está decisión quebrantando el debido proceso y el orden público en cuanto a una competencia territorial ya solicitada y negada en flagrancia a la víctima y al ministerio público.
Lo doloroso la justicia se la aplican a los pendejos que no tienen los recursos necesarios para obtener eso lo que llamamos justicia. Es tanto así el poder judicial venezolano, pareciera que todo se mueve en un guiso para hacer cumplir la ecuanimidad judicial. Como lo han denunciados los diferentes actores de estos casos antes mencionado pareciera existiera una mafia dentro del poder judicial, que se dedican entre otras cosas, a la manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales y cobro de altas comisiones, son varias las evidencias que revelan el modus operandi de la tribu judicial que llaman “La banda Los Enanos”. Termino con esta frase de Martin Luther King: No me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena…
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