Ketsy Medina lleva casi seis años buscando justicia por el asesinato de su madre en Venezuela, uno de los países con mayor impunidad en el mundo. El camino ha sido “difícil” y “aterrador”.
Por Nicole Kolster / vozdeamerica.com
Maigualida Sifontes, 55 años, murió de un tiro en el pecho con una escopeta en la puerta de su casa en Santa Teresa del Tuy, a las afueras de Caracas, el 30 de diciembre de 2017.
“Ha sido un camino muy fuerte”, relata a la Voz de América Medina, de 40 años y su única hija, que denuncia cómo el caso ha estado plagado de irregularidades.
El caso fue tipificado por la policía como un homicidio en ejecución de robo, pero Medina piensa distinto. “Yo insisto en que fue un femicidio (…) nunca hubo un robo, nunca se metieron a la casa”.
Venezuela es uno de los países más violentos de la región, después de Honduras y El Salvador, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que suele documentar los casos en un contexto donde faltan cifras oficiales.
Video VOA
El país reportó, según esta ONG, una tasa de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, muchas de las cuales quedan sin resolver.
Por la muerte de la madre de Medina no hay personas detenidas.
Pruebas extraviadas
Lo que Medina sabe del crimen de su madre fue por lo que le comentaron vecinos y la expareja de su madre. Seis años pasaron y no tiene una versión oficial: ni la policía ni la fiscalía le han dado respuesta.
El caso se complica luego que pruebas que estaban bajo el resguardo de la policía judicial (CICPC), como un video del crimen registrado en cámaras de seguridad y una huella dactilar del hombre que le disparó, fueron “extraviadas”.
“Es tan grave que yo a estas alturas por más que he pedido la copia del expediente de mi mamá (…) todavía no he leído el expediente”, continúa Medina, que está en su último mes de embarazo.
La última vez que fue a tribunales “tenía tres meses de embarazo y pasé seis horas sentada afuera, sin banquitos, seis horas para que un alguacil me dijera que no estaba el expediente”, recuerda.
“Nadie nos da información de cuáles son los procedimientos, cuáles son nuestros derechos, todo lo vas descubriendo en la medida que te vas encontrando con los cangrejos (problemas)”, reclama.
La Fiscalía aún no contestó a la petición de la Voz de América de un comentario sobre el caso.
Venezuela está en el puesto 11 de los países con mayor impunidad en el mundo, según el ranking elaborado por la firma Eurasia Group y el Chicago Council on Global Affairs, que estudió a 163 países.
Solamente superada por Chad, Congo, Burundi, Irak, Sudán, República Centroafricana, Birmania, Yemen, Siria y Afganistán.
En abril, el fiscal general, Tarek William Saab, escribió en Twitter que desde 2017 el Ministerio Público había realizado más de 4 millones de actuaciones judiciales “basadas en imputaciones, acusaciones, sentencias, etc, con el objetivo de hacer justicia”.
Saab acotó que la cifra incluye 1,45 millones de actos conclusivos, “que significa el resultado final de un trabajo o de una investigación”.
#JusticiaParaTodasLasMujeres
Después de estos casi seis años buscando justicia, Medina dice que puede hablar del caso de su madre sin desmoronarse.
“Uno entra en depresiones muy profundas. Entonces dices ‘bueno, pero sigo, no sigo ¿qué hago?’”, señala.
Y en este largo camino, se volvió activista y fundó una red de apoyo digital: #JusticiaParaTodasLasMujeres.
Desde entonces, el movimiento ha ayudado a 25 familias de víctimas de femicidio a crear campañas de información y para protestar contra el abandono judicial.
“A partir de mi caso les voy haciendo como una orientación para que cuiden que no se les pierda las evidencias (…), es una especie de apoyo”, agrega.
Solo en marzo pasado hubo una acción femicida cada 13 horas: 23 femicidios consumados y 31 frustrados, según el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que lleva un registro a través de monitores de casos reseñados en la prensa.
Como el caso de la madre de Medina, hay otros, explica la directora de la ONG Utopix, Aimee Zambrano.
“Los mismos familiares tienen que recabar pruebas o tienen que buscar a los testigos, y esto hace mucho más cuesta arriba el tema que se logre justicia con relación a los casos de femicidios”, explica la experta a la VOA.
La directora del Cepaz, Beatriz Borges, comentó a la VOA que el retraso judicial en casos de violencia de género responde en principio al “poco personal capacitado” o “especializado en violencia de género”, además de la “corrupción en el sistema judicial”, la “falta de acceso a asesoramiento legal” y el miedo a represalias.
Ese temor también lo siente Medina, pero no la detiene: “una de las cosas que estoy pensando es hacer una denuncia ante un organismo internacional”.
“Yo quizás nunca sepa qué fue lo que pasó con mi mamá, pero creo que igual los familiares tenemos que seguir insistiendo porque no podemos permitir que el silencio siga reproduciendo la complicidad de que las cosas no funcionen”, señaló.