En una explosiva entrevista con SEMANA, el fiscal general, Francisco Barbosa, advirtió que el presidente está a punto de concretar un golpe de Estado contra la justicia en Colombia.
VICKY DÁVILA: ¿Qué se le vino a la cabeza cuando escuchó las palabras del presidente Gustavo Petro, desde Europa, notificándole que él es el jefe de Estado y, por tanto, su jefe?
FRANCISCO BARBOSA: Se me vino a la cabeza el fin de un modelo de Estado que habíamos respetado y tenido en Colombia. También las imágenes de muchos países que perdieron la democracia. Se me vino a la cabeza una dictadura y el fin de la Constitución de 1991. Lo que hace Petro es materializar su intención inequívoca de pasar por encima de la rama judicial del poder público, de la autonomía judicial, de su independencia, al declararse jefe de todos los poderes públicos e interpretar la Constitución como lo hizo. Quizá él tiene en su cabeza una Constitución que es la de él. Lo que quiere hacer es determinar cuál va a ser el futuro de todas las investigaciones judiciales.
V.D.: Fiscal, lo que está diciendo es muy grave.
F.B.: Claro, ¿se imagina a un presidente controlando la Fiscalía, teniendo el control de las investigaciones, con inteligencia, como él la tiene en este momento, y con la Policía? ¿Con investigadores propios, con Policía secreta? Sencillamente, es el fin del Estado de derecho. Tengo que denunciarlo. Él dice: “Yo soy el jefe del fiscal general de la nación”. Entonces, estoy esperando a que me declare insubsistente. En el momento en que eso se dé, se produce un golpe de Estado judicial.
V.D.: La respuesta es obvia y la pregunta es hasta peligrosa. Pero déjeme insistir: ¿Petro es su jefe?
F.B.: No, no lo es. Es el presidente y tiene una función constitucional, pero ser jefe de Estado no significa ser el jefe de la rama judicial y del Poder Público. Ser jefe de las relaciones internacionales no significa que pueda entrometerse en las funciones de cooperación judicial de la Fiscalía. Ser comandante de las Fuerzas Militares no significa ser jefe de la Fiscalía. Ser jefe administrativo del país no significa que puede entrometerse dictatorialmente en las funciones de los alcaldes y los gobernadores y sacarlos. Él está sometido al Estado de derecho.
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