Más de la mitad de todos los venezolanos desplazados en los últimos años ha obtenido algún tipo de estatus legal en 15 países principales que sirvieron de receptores en América Latina y el Caribe, según reveló un informe publicado por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por su siglas en inglés).
Por Salomé Ramírez Vargas / vozdeamerica.com
Los hallazgos reportados por el centro de pensamiento con sede en Washington revelan que entre un 50 % y 75 % de los más de seis millones de venezolanos que se establecieron en países de la región, han asegurado algún tipo de permiso de estancia migratoria que les permite trabajar, acceder a educación básica y atención médica.
Sin embargo, el documento titulado “apuesta por la regularidad migratoria”, expone que “muchos de los estatus disponibles son temporales y duran unos pocos meses”, lo que ha causado situaciones “precarias” para los venezolanos.
“Es probable que algunos venezolanos que inicialmente obtuvieron un estatus legal lo hayan perdido, mientras que otros probablemente pasen mucho tiempo tratando de renovarlo. Además, estos estatus temporales no siempre ofrecen un camino hacia la residencia permanente, lo que puede dificultar que los venezolanos planifiquen su futuro con más de uno o dos años de anticipación”, escribieron Andrew Selee, presidente del MPI, y Luciana Gandini, investigadora global no residente del MPI.
Más de 7,4 millones de venezolanos han salido de su país desde 2016 por el “deterioro” de “la situación política y económica”, según los investigadores, y alrededor de 6,4 millones de ellos se han quedado en países latinoamericanos.
La mayoría se albergan en Colombia, donde según informa la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, vivían unos 2,48 millones de migrantes venezolanos hasta diciembre de 2022.
Perú se ubica en el segundo lugar de recibida a venezolanos con unos 1,49 millones de nacionales residiendo en ese país, seguido de Ecuador, con alrededor de 502.200 venezolanos en su territorio.
Los demás “principales países receptores” son Chile, Brasil, Argentina, Panamá, República Dominicana, México, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Uruguay, Guyana, Aruba y Curazao.
Colombia es resaltado por los investigadores como el país “más ambicioso” en esfuerzos para albergar a los venezolanos, debido a la otorgación de un estatus de protección temporal a millones de venezolanos.
El estudio contrasta que pese a “su relativa falta de experiencia con la migración a gran escala, la mayoría de los gobiernos de la región ha elegido invertir en el acceso de los recién llegados… apostando a que esta estrategia beneficiaría tanto a los venezolanos desplazados como a sus propios ciudadanos”.
La mayoría de los venezolanos que ha obtenido un estatus legal, según el estudio, lo ha hecho a través de medidas especiales de estatus temporal que los gobiernos han implementado. “En general, al menos 2,7 millones de venezolanos han recibido permisos temporales a través de estas medidas y alrededor de 700.000 están en proceso de recibir permisos”.
Visas de turista como método para limitar la movilidad
Un reto de movilidad que apuntó MPI fue la imposición de requisitos de visa que “muchos gobiernos” han realizado sobre los venezolanos desde que comenzó “la crisis de desplazamiento”.
A partir de 2022, 11 de los 15 principales países receptores en América Latina y el Caribe tenían requisitos de visa de turista para los venezolanos.
“Obtener una visa es una tarea difícil debido al costo y los requisitos, tales como demostrar un empleo formal, obtener una verificación de antecedentes penales o disponer de saldos elevados en cuentas bancarias, todo lo cual puede ser difícil de cumplir o probar para los venezolanos”, indica el documento.
Algunos de los países que requieren visa de turista a ciudadanos venezolanos son Aruba, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Perú, entre otros.
El informe concluye que estas medidas de regularización limitadas “no serán suficientes” mientras “continúe el desplazamiento de venezolanos” pues “existe una necesidad urgente” de ofrecer estatus legal a a quienes nunca lo recibieron y encontrar “formar que permitan que aquellos con estatus temporal transiten a un estatus permanente”.