El presidente Gustavo Petro vive un momento de gran crisis política y personal. Su gobierno, que sólo tiene diez meses de vida, es un fracaso completo. Los sondeos de opinión constatan lo que es evidente: el país detesta al personaje y sus absurdas “reformas”. Pese a sus permanentes soflamas, sus pretendidos “cambios” son vistos como una amenaza contra la economía, la estabilidad, las libertades y garantías de derecho en Colombia. La creencia de Petro de que el jefe de Estado es el jefe de todo el Estado, su intento fallido de aplastar al fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, y convertir la rama judicial en garrote contra sus enemigos y en instrumento de uso personal, ha fomentado una descomunal ola de indignación y, al mismo tiempo, de espíritu de resistencia patriótica en todas partes. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría están en conflicto con Petro.
Él sugiere ahora que “fuerzas obscuras” le están dando un “golpe blando”. Él no puede ver sino eso. ¿Cómo explicar sus dificultades en el Congreso? Como un “golpe blando”. Él creyó tener allí una mayoría holgada y permanente, pero eso se agrieta. Muchos tibios del primer momento salieron despavoridos. ¿Esperaba que sus planes para desbaratar al país serían aplaudidos por una manada de borregos? ¿Pensó que la decisión de maniatar al ejército y la policía y cesar toda lucha contra el narcotráfico, en todas sus formas, bajo el disfraz de la “paz total”, sería una fuente de alegría para la población, sobre todo para aquella que sufre los designios de las bandas narco-terroristas? Sí, Petro calculaba al país de esa forma. Por eso no entiende lo que ocurre.
Petro se equivocó de país y ahora nos viene con el cuento de que le están dando un “golpe blando”.
Como sus dificultades también son internacionales, debería atribuir una parte de ese “golpe blando” a “fuerzas obscuras externas”. Pero no se atreve. La imagen que un día pudo tener, al comienzo de su gobierno, en las cancillerías del Viejo Continente y de Estados Unidos, ha palidecido. No aprecian su postura ante la agresión rusa en Ucrania y están viendo, además, cómo la cocaína inunda los mercados clandestinos y brutaliza a millones de adictos. Han deducido que tal flagelo es, en buena parte, el resultado de la absurda “paz total”.
Al intento de acabar con la autonomía del Banco de la República, con la reserva bancaria, su manía de fantasear con sistemas desfinanciados de salud, de educación, de pensiones y bancario, se suma ahora la amenaza de crear una “comisión” encargada de eliminar a los jefes de la oposición con el pretexto de “identificar” a los “enemigos del proceso de paz”, último invento del ahora ministro Álvaro Leyva Durán, que aspira, además, a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas valide esa sucia tarea. Todo ello muestra el carácter atrasado y reaccionario del petrismo. Él ha designado como primera víctima de la comisión stalinista al exfiscal Néstor Humberto Martínez quien rehusó colaborar, en mayo de 2019, en la vergonzosa excarcelación y huida del jefe narco-Farc Santrich.
Todo ello exhibe el calibre de la amenaza que vive Colombia en estos momentos. Al fin y al cabo, la subversión, por primera vez, ha logrado infiltrar el centro del Estado colombiano, para destruirlo desde dentro. Entre más rápido salga Petro de la Casa de Nariño más posibilidades de sobrevivir tendrá la democracia colombiana.
La prédica irresponsable de Petro sobre los supuestos “jóvenes” que están en las cárceles por ejercer el derecho a la protesta violenta -“derecho” irreal en las democracias y en los regímenes autoritarios-, acelerará el colapso de la lamentable aventura petrista.
Que alguien le diga pues a Gustavo Petro que sus arengas para alebrestar a sus seguidores, para que lo salven del colapso que él mismo fabricó, se volverá contra él. Ordenarle a los violentos de la “primera línea” que salgan a destruir de nuevo las ciudades, como hicieron en 2021, desencadenará una reacción de furia popular en cadena. El país no puede tolerar un nuevo baño de sangre. Para frenar eso, la ciudadanía tendrá que contar con el respaldo de las reservas militares y de policía y con las fuerzas patrióticas dentro de todas las instituciones.
Y sea el que fuere el resultado de los artificios para impedir el derrumbe, Petro tendrá que pagar judicialmente, ahora o después, por sus crímenes contra Colombia con unos buenos años de cárcel, por más ayuda que tenga en este momento del Grupo de Puebla, del gobierno ruso y de su nefasta embajada en Bogotá.
Petro no les advirtió a los electores que si lo elegían desmantelaría el país. Lo que ha hecho en estos diez meses es el auténtico “golpe blando” que él quiere endilgarles a sus víctimas.
Él correrá la suerte de otros sátrapas que se creían eternos, pero terminaron enjuiciados y encarcelados unos y en el exilio otros. De esa no se salvará Gustavo Petro, como le ocurrió a la veintena de otros ex jefes de Estado del continente, como los tres peruanos Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Castillo, como le ocurrió al brasileño Lula da Silva, al guatemalteco Otto Pérez Molina, al hondureño Juan Orlando Hernández, al panameño Ricardo Martinelli, al argentino Carlos Menem y al ecuatoriano Rafael Correa, condenado en 2020, quien huyó de su país en 2017 para evitar la cárcel.
Petro nunca salió del universo mental del M-19. Esa banda, que sus jefes veían como un agente de la historia y de la libertad, es el bien, según Petro, y el resto, Colombia, con sus millones de habitantes, es el campo del mal. Cuando Petro dice que los colombianos han sido gobernados siempre por grandes criminales, y que no reaccionan ante eso, nos está diciendo eso mismo, de manera subliminal. Un individuo que es capaz de describir así su país natal es una vergüenza para el género humano.