El Grupo de Acción Financiera Internacional denunció los vacíos legales que atraen a las mafias y reveló que una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados.
Por infobae.com
Si en 2019 un informe de la sociedad de análisis Kroll ya calificaba a Brasil como el primer país del mundo en lavado de dinero en los últimos años lamentablemente la situación no ha mejorado. La última inspección internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado por iniciativa del G7 en 1989 para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha mantenido la alerta sobre Brasil. En particular, según el informe del GAFI, una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados brasileños. Según Transparencia Internacional, “hay una falta de regulación contra el blanqueo de dinero en este sector”.
La protección del derecho de defensa garantiza a los abogados brasileños el secreto sobre las relaciones profesionales con los clientes y también sobre las transacciones realizadas para ellos. Según Transparencia Internacional y el Grupo de Acción Financiera Internacional muchos criminales se aprovechan de esta “vulnerabilidad” del sistema para blanquear dinero, sin que se pueda comprobar e intervenir. Por eso el GAFI en su última inspección volvió a instar a la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) a trabajar por una mejor regulación, pero las dos entidades ni siquiera han conseguido reunirse. El problema no es nuevo; ya había surgido en una inspección anterior, en 2009. Entre los grupos criminales que más se aprovechan de esta vulnerabilidad, el principal es el Primer Comando de la Capital (PCC).
“Brasil necesita golpear duro al sistema que posibilita las operaciones de lavado de dinero del PCC, incluyendo abogados, banqueros, contadores, miembros de sociedades anónimas y otros prestadores de servicios profesionales”, explica a Infobae David Luna, uno de los más reconocidos expertos mundiales en economías ilícitas y Senior Fellow de Seguridad Nacional del Centro sobre Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason, en Washington. Según los expertos, los abogados deberían reportar las transacciones financieras realizadas en nombre de sus clientes al Consejo de Control de
Actividades Financieras, el COAF, que es la autoridad central del sistema de prevención y lucha contra el lavado de dinero y que desde ayer volvió a depender del Banco Central. Sin embargo, según Transparencia Internacional, falta esta voluntad. Según el diario Folha de São Paulo, la OAB no ha votado para adaptarse a la legislación contra el blanqueo de dinero. Según denuncia Transparencia Internacional, Brasil es uno de los pocos países del G20, junto con Estados Unidos, Australia y Canadá, que no respeta los principios de transparencia en el sector de los bufetes de abogados. Las operaciones de la policía federal lamentablemente lo confirman, desde la Operación Anaconda en 2003, que destapó una trama de venta de sentencias judiciales cuyos beneficios acabaron en bancos suizos, hasta la Operación E$quema S en 2020, que acusó a un grupo de abogados de corrupción.
Sin embargo, el V Congreso Internacional organizado la semana pasada por el Instituto de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (IPLD) en São Paulo muestra que el tema es mucho más complejo y afecta a muchos sectores de la sociedad brasileña. Con el crecimiento exponencial del narcotráfico en los últimos años – según el sitio de noticias UOL el PCC ha pasado de manejar 6 millones de reales en 2004, 1,2 millones de dólares, a 1.000 millones de reales (200 millones de dólares) en 2019 – para los principales grupos criminales de Brasil el lavado de dinero se ha convertido en una actividad esencial. “Desde las zonas francas en Paraguay o Brasil, por ejemplo en Manaos, hasta el lavado de dinero a través de actividades comerciales o el sistema clandestino Hawala para transferir fondos sin mover físicamente el dinero utilizando referentes in situ, el PCC utiliza numerosos métodos para lavar las ganancias de sus crímenes”, explica David Luna a Infobae. “El PCC reinvierte ese dinero en inmuebles, haciendas, ganado, oro y hasta iglesias”.
La minería ilegal se ha convertido en uno de los sectores más codiciados por el crimen organizado debido a su enorme potencial para el lavar dinero. Bernardo Mota, presidente del IPLD dijo a Infobae que “Las mayores vulnerabilidades están en la cadena de producción de metales y piedras preciosas, ya que no existe un adecuado control e inspección en la exploración, producción y comercialización de metales y piedras preciosas en estado bruto. El mayor control está en la identificación y comercialización de joyas al final de la cadena. Además, poco se hace ante los delitos medioambientales que conlleva la exploración de metales y piedras preciosas, como la deforestación y la extracción ilegal”.
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