Los expatriados y exiliados nicaragüenses se sorprendieron en las últimas semanas al encontrarse en las calles estadounidenses con paramilitares, jueces, periodistas oficialistas, jefes policiales, familiares de altos cargos del régimen sandinista de Nicaragua y hasta una persona que testificó en el juicio que condenó a monseñor Rolando Álvarez.
Por infobae.com
El abogado nicaragüense en el exilio, Yader Morazán, encontró recientemente a dos compatriotas suyos en la barbería que usualmente visita en Indiana, Estados Unidos. Si ya era extraño hallar nicaragüenses en esa ciudad, más raro le resultó que en la conversación se declararan simpatizantes a muerte del dictador Daniel Ortega. “Nosotros estamos dispuestos a dar la vida por él”, le dijeron.
Poco después se reencontró con los rostros de los nicaragüenses en las redes sociales. Otro compatriota los denunciaba como parte del ejército paramilitar que armó Daniel Ortega para reprimir la rebelión ciudadana de 2018 en Nicaragua, y que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocó más de 300 asesinatos.
“Ayer me topé con 2 sapos adeptos al régimen, a quienes después de hacerse los vivos, ´graciosos´ y vanagloriar a su comandante les tuve que hablar con su lenguaje ´revolucionario´, y les di lecciones de derecho. Se quedaron callados. Son valientes armados, en manadas y frente al débil”, pondría Morazán luego en Twitter.
Estos dos simpatizantes de Daniel Ortega son parte de una ola de migrantes nicaragüenses que está llegando a Estados Unidos aprovechando el parole (permiso) humanitario que el gobierno de ese país ha dispuesto para nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos.
El parole es una visado especial gubernamental que permite a una persona vivir y trabajar hasta por dos años en los Estados Unidos siempre que cumpla las condiciones que el programa establece.
Unos 40 mil nicaragüenses han aplicado al “parole” en lo que va del año, de los cuales 19 mil habían sido aprobados hasta abril pasado. Muchos de los solicitantes son reconocidos colaboradores del régimen sandinista, lo que ha provocado una campaña de denuncia entre los opositores.
El nicaragüense diario La Prensa hizo un recuento de unos 30 reconocidos colaboradores del régimen que han aprovechado el parole humanitario para emigrar a Estados Unidos, y que han sido expuestos por opositores que se encuentran en ese mismo país.
“Ni Judas fue tan traicionero como la compañera Daleska M. Rodríguez, miembro de la UNEN, que de abrazar la bandera de la muerte no vaciló en mostrarse con la del imperio”, denunció el cronista deportivo Miguel Mendoza, preso político desterrado a Estados Unidos por el régimen de Ortega, y uno de los más activos denunciantes.
UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua) es una organización afín al sandinismo y la denuncia de Mendoza muestra a Rodríguez en dos fotografías: una, en Nicaragua, posando con la bandera rojinegra y la otra, ya en Estados Unidos, con la bandera norteamericana.
Además de dirigentes de UNEN han llegado a Estados Unidos jefes policiales, paramilitares, jueces, familiares de altos dirigentes sandinistas y hasta una mujer que sirvió de testigo en el juicio que se le hizo a monseñor Rolando Álvarez, y en el que fue condenado a 26 años de cárcel.
Yader Morazán es abogado y trabaja en la documentación de casos que considera que deben ser denunciados. Dice que “aceptar a estas personas sin pasar por filtros es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos” y la misma ley se contradice porque en la exposición de motivos “habla de la crisis que vive Nicaragua”.
Reconoce, sin embargo, que ser sandinista o simpatizante de Daniel Ortega no es un delito e, incluso, las autoridades estadounidenses respetan esa condición “por la libertad de expresión y pensamiento”.
Lo que sucede, añade, es que estas personas a pesar de los delitos que cometieron no tienen antecedentes penales porque en Nicaragua hay un sistema judicial que promueve la impunidad para este tipo de delitos y, al contario, condena a los ciudadanos por ejercer sus derechos.
“Por ejemplo, los 222 presos políticos que fueron desterrados, técnicamente no podían ser aceptados porque supuestamente cometieron delitos, y en cambio personas que han participado abiertamente en alguna estructura política o institucional, que sí han cometido delitos, están limpios”, dice.
“Lo que nosotros pedimos es que la misma lógica que se aplicó para permitir la entrada de los presos políticos sirva también para impedir la entrada de estas personas que representan un peligro”, añade. “Un oficial de Migración, cuando hay sospechas, puede regresar a cualquiera. Ni siquiera tiene que fundamentar”.
Uno de los casos expuestos por Morazán es el de la subcomisionada de la Policía María de Jesús Guzmán Gutiérrez, quien recientemente llegó a través del parole a Estados Unidos. La Policía de Nicaragua fue sancionada por Estados Unidos en marzo de 2020 como una institución violadora de derechos humanos. Guzmán Gutiérrez fue ascendida de grado en septiembre de 2021.
