Un fiscal argentino llamado Carlos Stornelli anunció recientemente que abriría una investigación contra 14 oficiales activos y retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por presuntos crímenes de lesa humanidad que habrían ocurrido durante la represión a las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en 2014.
El funcionario había recibido semanas antes una solicitud de la Fundación Clooney para que indagara «las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela».
¿Por qué un fiscal argentino va a investigar unos hechos ocurridos en Venezuela, en los que no participaron ciudadanos argentinos ni tampoco hay víctimas de esa nacionalidad, hasta donde se tiene conocimiento? Y lo más importante, ¿acaso puede hacerlo? Sí, a la luz del principio de jurisdicción universal esgrimido por los denunciantes y que pasaremos a explicar a continuación.
Desde el comienzo
Lo primero es que, a pesar de su nombre, la jurisdicción universal no se basa en un tratado internacional. De hecho, a la fecha no hay ninguno que la regule, sino la necesidad que tenían los Estados de regular problemas prácticos desde hace siglos, como la piratería en alta mar, por ejemplo.
Así, ante la comisión de un delito fuera del territorio de un país, la solución fue que cada nación se consideró competente para juzgar este tipo de crímenes, independientemente del lugar en que se hubiesen cometido y de quiénes hubiesen sido las víctimas, en el entendido que no era un Estado el afectado sino todos; es decir, se consideraba un asunto global.
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