Uno no deja de sorprenderse al leer opiniones que califican como “blasfema” la privatización de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Alertan dramáticamente y se rasgan las vestiduras porque esta propuesta de María Corina va a “profanar la soberanía popular”, sin aportar ninguna idea o datos sobre por qué la industria en manos privadas es una cesión de soberanía o una blasfemia.
En lugar de argumentar, se dedican a aportar información y más información sobre la vigencia del petróleo por un largo período de tiempo en nuestro país, encendiendo una polémica que podría ser más rica en discusiones, pero que -viéndolo positivamente- pone el tema en el tapete y enriquece la campaña de las primarias.
Sobre la privatización de Pdvsa, debo decir que el ruido sobre el tema ha ayudado a presentar una perspectiva realista de cómo resolver la declinación de esta empresa, que pasó de producir 3,5 millones de barriles diarios en 1999 a algo entre 600.000 y 700.000 desde el 2020 hasta ahora. La propiedad estatal de la industria no impidió este colapso increíble de producción que empezó en 2014, antes de las sanciones. Ni tampoco la propiedad estatal de Pdvsa impidió la destrución de su capacidad técnica y la inflación de personal que llevó una industria que se manejaba con 40.000 empleados a la Pdvsa de más de 120.000 empleados. Tampoco evitó el saqueo de la industria a manos de mafias del régimen.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir la industria petrolera a la inversión privada, como es el caso en muchos países del mundo que no ceden por eso un ápice de soberanía. El subsuelo seguirá siendo del Estado, de acuerdo con una larga tradición constitucional que tiene sus raíces en el régimen de propiedad colonial español. Los ingresos fiscales provenientes de la actividad petrolera seguirán viniendo del impuesto sobre la renta, regalías, y otros tributos. No tendremos dividendos, salvo en los casos en que la República tenga participación en alguna de las empresas productoras o refinadoras.
Esto nos debe llevar a diseñar un sistema impositivo sobre la actividad petrolera que permita mantener ingresos fiscales significativos, al tiempo que ofrezca incentivos suficientes para los aportes de capital internacional y nacional que se requieren para reactivar la industria. Todo esto va a depender también de las reformas legales y constitucionales que abran camino a la privatización.
Por otro lado, seguiremos recordando que resucitar a Pdvsa es financieramente -y tal vez técnicamente- imposible para cualquier gobierno que suceda al actual régimen. La privatización de la actividad petrolera y gasífera va a aportar el capital necesario para reactivar la producción de manera sostenida y los impuestos a las petroleras privadas ayudarán a financiar el plan masivo de inversión a mediano y largo plazo que estamos proponiendo en el programa de gobierno de María Corina. Esto es un punto esencial de nuestro plan de expansión económica.
En un tono más político, estos agitados defensores de la soberanía nacional deberían explicar más bien cómo en el período chavista, en el cual los ingresos petroleros fueron los mayores de la historia de Venezuela, la soberanía nacional se cedió a Cuba y a la guerrilla de las FARC y el ELN, además de entregar a rusos, chinos, iraníes y grupos terroristas, como Hezbolá, áreas del territorio y de la economía.
En resumen, estás alharacas creo que son positivas porque siguen reaccionando a una propuesta que diferencia la campaña de María Corina de todas las demás y que permite ampliar la discusión sobre cómo tratar este recurso económico de primer orden para la República.
Rafael de la Cruz es miembro del equipo económico de Maria Corina Machado y ex gerente general de países andinos del BID