El pasado 20 de julio, el antropólogo Víctor Rago asumió el cargo de Rector de la Universidad Central de Venezuela, junto a quienes forman el nuevo equipo rectoral electo el pasado 9 de junio. Enhorabuena. Si bien es ocasión de celebrar, pues la UCV llevaba unos quince años sometida a una absurda disposición aprobada por el chavismo que impedía el ejercicio de sus potestades autonómicas para renovar, con base en criterios académicos, a sus autoridades, es obligado hacer referencia, también, a los formidables desafíos a que tendrán que afrentar los recién elegidos, incluyendo decanos y demás representantes del gobierno universitario.
Destaca, en primer lugar, la terrible situación que ha resultado del acoso y de la desidia de un Estado dominado por el chavismo contra las universidades nacionales. Años de agresión física, destrozo y de robo de activos de la institución a mano de bandas forajidas identificadas con el régimen –computadoras, equipos de laboratorio, colecciones valiosas, insumos, instalaciones diversas, incluidas las estaciones experimentales, y enseres de todo tipo–, han asestado un duro golpe a las posibilidades de realizar sus elevadas funciones académicas de docencia, investigación y extensión con base en los criterios de excelencia que las deben inspirar. Pero también hay que recordar las agresiones contra personas –estudiantes, profesores, empleados, incluso contra miembros del equipo rectoral—que buscaron sofocar, imponiendo un reino de terror, la naturaleza crítica que, por excelencia, debe poner de manifiesto toda universidad que se valore como tal. Luego está el cercenamiento progresivo de sus potestades autonómicas con dictámenes judiciales y la confiscación por parte del Ejecutivo Nacional de manejos administrativos que son propios de toda institución autónoma. Finalmente, resalta la ignominiosa postración a la que se le ha intentado llevar mediante una asfixia presupuestaria progresiva, aplicada con saña y alevosía. El elemento más criminal de ello son los sueldos de hambre a que fueron sometidos profesores, empleados y trabajadores, con la clara intención de quebrar la dignidad y el aprecio con los que deben ejercer sus funciones. Ello no soslaya, empero, el daño causado por la falta de recursos con los cuales mantener adecuadamente las instalaciones universitarias, como por la incapacidad de reponer y ampliar su dotación de equipos científicos y administrativos.
Cabe señalar que este cúmulo de ataques no puede simplemente despacharse cómo la agresión típica de toda dictadura militar contra una institución que, por su esencia, le corresponde ser crítica ante las arbitrariedades, injusticias y escamoteos de la verdad ejercidas desde el poder. Tampoco deben relativizarse haciendo referencia a las asignaciones recientes del Ejecutivo para reparar y mantener aspectos de su infraestructura. No debe olvidarse que la Ciudad Universitaria de Caracas, obra magistral del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Mal haría un régimen que aspira romper su aislamiento internacional no mostrar su “interés” en cuidar de sus instalaciones. Pero estas escasas carantoñas no pueden esconder el terrible quebranto del acervo científico, humanístico, tecnológico y cultural de las instituciones de Educación Superior bajo la égida del régimen fascista chavo-madurista. Un video que circula recientemente por las redes muestra los espantosos niveles de destrucción de lo que queda de la Universidad de Oriente (UDO): edificaciones, laboratorios, auditorios y campos deportivos reducidos a escombros, como si hubieran estado sometidos a bombardeos. Otras reseñas, referentes a la situación de la Universidad del Zulia (LUZ) y la de Los Andes (ULA), ponen de manifiesto también destrozos inaceptables de sus instalaciones, aunque quizás no en grados tan lamentables como los de la UDO.
Y no hay que aventurarse mucho para entender que, más allá, la víctima central de estas agresiones ha sido la nación venezolana. La generación de conocimientos, la formación de talentos y la interacción provechosa con la frontera internacional de saberes son indispensables, hoy, para un crecimiento económico sano y justo, la contención del cambio climático, el resguardo del ambiente y la dotación de condiciones de vida dignas, en lo material como en lo espiritual, a la población. Pero en Venezuela, el valiosísimo instrumento que representan las universidades de excelencia, interlocutoras imprescindibles con los avances de la humanidad y agentes ideadas para convertirlos en palancas positivas de cambio y de progreso, son arrasadas. Tanto escuchar mencionar a la Sociedad del Conocimiento para que una oligarquía militar-civil ignorante y primitiva mantenga aplastada, precisamente, las casi únicas antenas de que dispone el país hacia tan indispensable ingrediente del bienestar: el conocimiento. En momentos en que la destrucción de lo que fue una vez una industria petrolera pujante y eficiente deja al descubierto la enorme vulnerabilidad que representó depender de ella como sostén de nuestra prosperidad, merece calificarse como crimen de lesa humanidad del régimen haber llevado a nuestras universidades al estado en que se encuentran hoy. Cómo revertir este proceso es, por tanto, el gran desafío.
En lo inmediato, es menester encontrar la forma de mejorar, aunque sea algo, las miserables remuneraciones a las que se ha visto condenado el personal académico y de apoyo. Debería ser preocupación central del Ejecutivo, pero dada la destrucción de la economía y la inquina del fascismo hacia fuentes de conocimiento autónomas que cuestionen sus “verdades”, es dudoso esperar una mayor dotación presupuestaria para las universidades y mejores sueldos a quienes en ellas laboran. Pero hay que insistir. Podría explorarse la concertación de planes para sincerar la nómina y reducir personal redundante. El Estado no puede desentenderse de esta responsabilidad. Lamentablemente, los ambiciosos proyectos de las zonas rentales de Caracas y Maracay habrán de aguardar mejores tiempos.
Fuentes independientes de recursos, como la generación de ingresos propios por la venta de cursos de especialización (“diplomados”), asesorías y servicios especializados, como el alquiler de espacios y equipos, promoción de eventos, desarrollo de parques tecnológicos y/o de incubadoras de empresas, etc., deben promoverse donde sea posible. La flexibilización de la normativa respectiva debe ocupar la atención de las nuevas autoridades. Más allá, es necesario profundizar los vínculos de la UCV con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, agencias de cooperación, la UDUAL y otras asociaciones universitarias, para compartir proyectos de investigación, postgrados integrales, convenios de doble titulación, etc., que extiendan el nombre y alcance de nuestra Alma Mater más allá de lo que permiten los magros recursos con las cuales se la ha dejado.
Para profundizar en este afán no hay otro camino que el de continuar y profundizar la rigurosidad y el apego a la búsqueda independiente de la verdad, con la que toda institución académica con pretensiones de excelencia debe abordar su misión. Ésta no se define, claro está, por su oposición al régimen, pero si se identifica con la prosecución de los fines más nobles de la humanidad a través de su labor creativa y la defensa de los valores de justicia, libertad e inviolabilidad de los derechos básicos del ser humano. La Universidad Central de Venezuela exhibe un rico historial al respecto, del cual nos sentimos orgullosos los UCVistas. En tal sentido, los aportes de las universidades al enriquecimiento de la democracia, tanto en la solución de problemas diversos de la población como en su elevación espiritual y cultural, han sido muy positivos. ¡Ojalá existiesen posibilidades de llegar a acuerdos con el Estado venezolano para fortalecer estos atributos! Lamento tener que concluir que, para ello, tendría que existir otro gobierno, pues el actual ha mostrado encarnar su antítesis.
De manera que el desafío central de las nuevas autoridades de la UCV es cómo sobreponerse a este clima de penurias, adversidades y atraso al que, infortunadamente, ha provocado la oligarquía en el poder, para sostener su elevada misión académica con la mayor libertad y consecuencia posible. Confiemos en que las nuevas autoridades, con el apoyo activo de la comunidad, exhiban las convicciones, firmeza de decisiones, pero también, la requerida prudencia, para conducir exitosamente a la institución en esta dirección, en tan menguada hora para el país. Su misión se resume en seguir siendo fiel al impar lema de “la Casa que vence la sombra”. Nuestros mejores deseos porque así sea.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com