La frontera que separa a una herramienta de un arma muchas veces es sutil. Un ejemplo de ello son las normas y recomendaciones internacionales para combatir la legitimación de capitales, algunas de las cuales están siendo empleadas por ciertos gobiernos, como el venezolano, para atacar a las organizaciones de la sociedad civil.
A esta conclusión llega el informe ¿Qué es el GAFI y para qué sirve?, recientemente publicado por Acceso a la Justicia y en el cual se afirma que, en la mayoría de los países y jurisdicciones, las regulaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dictado en los últimos años para atacar actividades ilícitas como la legitimación de capitales o el financiamiento del terrorismo y proteger a los sistemas financieros nacionales e internacional de tales actividades se emplean, con o sin intención, en contra de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), que pueden dedicarse a la defensa de los derechos humanos o ser organizaciones caritativas, humanitarias o sociales.
La mala utilización de las normativas dictadas por el GAFI «ha llevado a limitaciones a la libertad de asociación, en especial a la restricción e incluso anulación de las OSFL», advierte el reporte de 34 páginas de extensión.
Evidencia de lo anterior es que hasta junio de 2023, de los 147 miembros de la institución creada en 1989 por el llamado Grupo de los 7, el cual agrupa a las economías más desarrolladas del mundo, solo 41 % ha cumplido total o mayoritariamente lo previsto en la llamada recomendación 8 (R8), un dato que en el caso de América Latina se reduce a 30 %, de acuerdo con los datos reseñados en el informe.
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