El pasado lunes 31 de julio se registró un motín en la sede del Centro de Coordinación Policial de la PNB de Pata e´ Palo, ubicada en la avenida Libertador de Barquisimeto, estado Lara.
Casi 300 privados de libertad, según lo expresado por ellos mismos, se unieron para rechazar la designación del comisionado Wilfredo Mujica como nuevo jefe del recinto policial.
Los privados de libertad enviaron un video al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), donde un vocero denunció que este comisionado supuestamente ya había pasado por esos calabozos y era una de las personas que cobraba “por todo”, además de asegurar que era “maltratador y extorsionador”.
Los presos que se comunicaron con OVP aseguraron que esta administración era la misma que estaba para noviembre del 2022, cuando esposaron a unos presos de una ventana como forma de castigo y precisamente fue cambiado por las denuncias realizadas.
En tanto, se conoció que los presos de la PNB de Pata e´Palo están distribuidos en ocho celdas totalmente hacinados: una para mujeres, otra para funcionarios aprehendidos y el resto para presos sociales. Todos deben turnarse para dormir en hamacas o en el piso.
Cabe destacar que estos espacios fueron reestructurados porque anteriormente eran oficinas donde funcionaba una sede de Tránsito Terrestre.
En otro orden de ideas, son los familiares quienes proveen los alimentos a diario, al igual que las medicinas para los presos enfermos que, por si fuera poco, ni siquiera son evaluados por un médico.
La única petición de los presos de Pata e ‘Palo era que no regresara el comisionado Mujica y, aunque dijeron que el alzamiento era pacifico, se conoció que amenazaron con iniciar una huelga de sangre, por lo que desde la directiva de la PNB decidieron no hacer el cambio.
Efecto dominó
Luego del motín y secuestro de cuatro funcionarios en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Morita, estado Aragua, se han registrado una serie de motines en los calabozos del mismo organismo policial.
Cabe recordar que ese conflicto fue resuelto por una magistrada del TSJ, ante la incompetencia del Ministerio de Servicios Penitenciarios, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Interior y Justicia.
Tal como sentenció Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), cumplir las peticiones de los presos de la forma como la hicieron podría traer un “efecto dominó”.
Carabobo, Aragua, Caracas y ahora Lara son los sitios donde los privados de libertad que se encuentran en centros de detención preventiva han copiado la misma modalidad, bien sea para solicitar traslados o denunciar una situación.
Dicha situación es repetitiva porque la problemática es la misma: el hacinamiento, la falta de servicios básicos como el agua potable, el nulo acceso a atención médica, entre otras.
Mientras tanto, el Ministerio de Servicios Penitenciarios continúa condicionando los traslados a las cárceles del país, haciendo que los calabozos policiales se conviertan en mini cárceles donde los presos son custodiados por personal que no está preparado para ello.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones