La nueva alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, quien asumió el mando del municipio tras el crimen el mes pasado del alcalde, Agustín Intriago, viajó hasta la ciudad de Guayaquil, a unos 200 kilómetros, para comprarse su nuevo “uniforme de trabajo”.
GUSTAVO SIERRA // INFOBAE
Fue al local de Police Tactical Equipment, en la avenida de las Américas, donde le tenían preparado un body, una especie de faja antibalas confeccionada con la fibra sintética kevlar. Le costó 1.008 dólares y dice estar “muy satisfecha” porque está “protegida y le mantiene una figura femenina”. Es apenas una de las decenas de políticos y empresarios que en los últimos días compraron chalecos antibalas a unos 1.600 dólares con la inclusión de la protección lateral y cascos por unos 600 o 700 dólares. Ecuador está atravesado por una inédita ola de violencia del narcotráfico desatada en el medio de la campaña presidencial que este domingo determinará quién va a liderar el país para salir de la crisis.
En sus cierres de campaña también usaron protección especial los principales candidatos, Christian Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio, el anticorrupción asesinado el 9 de agosto cuando salía de un acto electoral; Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente y caudillo populista Rafael Correa; el líder indígena Yaku Pérez; y hasta Jan Topic, el admirador del salvadoreño Nayib Bukele y su mano dura contra la delincuencia. Todos con actos nada masivos. Los ecuatorianos parecen estar nockeados por esta abrupta ola de violencia exacerbada en los últimos tres años y particularmente desde el 14 de febrero de 2022 cuando aparecieron por primera vez el cuerpo de un hombre desnudo colgando de un puente en la avenida Durán de Guayaquil. Fue cuando la narcoviolencia se instaló en la mente y los corazones de los ecuatorianos provocando miedo y silencio. Y terminó de golpear y aturdir con el asesinato del candidato Villavicencio que se había presentado como el garante de la lucha contra el narcotráfico.
Cinco días más tarde asesinaron a Pedro Briones, de Revolución Ciudadana, cuando se encontraba en la puerta de su casa en la localidad de San Mateo, en la provincia norteña de Esmeraldas. Algo que marcó, sobre todo, que la violencia es generalizada, no golpea a un solo sector y que no hay sector político que esté exento.
Hasta 2019, el problema del narcotráfico parecía estar en los vecinos Colombia y Perú, pero no en Ecuador. Pero ya ese año comenzaron a aparecer las crónicas de ajustes de cuentas entre bandas narcos locales. El año pasado, los crímenes violentos ascendieron a 2.500. La tasa de homicidios llegó a 26 por cada 100.000 habitantes. El gobierno del conservador Guillermo Lasso no supo hacer otra cosa que decretar cuatro veces el estado de excepción. El país estuvo militarizado 165 días sin mayor resultado. En este 2023, los crímenes relacionados con el narco suman más de 4.200 muertos. La tasa de homicidios se podría disparar a más de 40 por cada 100.000 habitantes.
Y no es apenas el ajuste de cuentas entre delincuentes. La violencia se extiende y los ciudadanos viven bajo el terror de ser extorsionados y secuestrados. Según la Fiscalía General del Estado, entre enero de 2022 y junio de este año se registraron 15.671 denuncias de extorsión y 1.556 por secuestro, de las cuales, solo 59 tienen una resolución judicial.
La narcoviolencia se exacerbó a partir del 28 de diciembre de 2020 cuando asesinaron en una cafetería de Manta a José Luis Zambrano González, alias “Rasquiña” o “JL”, el cabecilla de la poderosa banda de Los Choneros, vinculada a los carteles colombianos y mexicanos. Hacía cinco meses que había salido de la cárcel en forma anticipada sin que nada lo justifique. Las operaciones de estos narcos se concentran en las cárceles, como lo hace el cartel mas poderoso en este momento de Sudamérica, el del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil. En una redada masiva en las principales prisiones del país, después de una masacre en la cárcel del Litoral el 25 de julio, las Fuerzas Armadas decomisaron más de 30.000 armas y municiones de todo tipo y calibre. “Las cárceles, son escuelas de tácticas delincuenciales”, describe en un informe la Comisión de Diálogo Penitenciario conformada por el Gobierno en uno de los intentos de pacificar las prisiones.
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