Inicialmente me voy a apoyar en el artículo del periodista Pedro Pablo Peñaloza, publicado recientemente en este portal, ya que reúne varios de estos puntos polémicos a los que me refiero, y de los cuales surgen paradojas y contradicciones que creo que vale la pena tratar de despejar.
“Si se aceptan de antemano todas las arbitrariedades electorales, la ruta electoral en realidad no existe”
Peñaloza sostiene que el candidato que gane las primarias se garantiza una silla en la mesa donde la oposición tomará las decisiones. Este sería un espacio privilegiado, que algunos jamás han tenido, y en el que otros, aparentemente, ya tienen “la silla asegurada”. La pregunta lógica es: ¿Cómo se han ganado esa silla (en la mesa) los que están allí sentados, tranquilamente esperando que llegue el candidato ganador de las primarias, que, si por casualidad no es uno de los que ya está allí sentado de antemano, ganando las primarias obtendría paridad de voz y voto con quienes (estando allí sentados de antemano) perdieron las primarias?
O sea, se gana las primarias para aspirar a tener el mismo derecho y la misma potestad que ya tienen de antemano los perdedores de las primarias, para tomar decisiones estratégicas en la conducción de la ciudadanía que eligió al ganador.
Lo que está detrás de este paradójico enunciado se repite en muchas discusiones de muchas maneras y con múltiples corolarios. Por ejemplo, se dice que quien gane las primarias es solo un candidato y no el líder del movimiento ciudadano que enfrentará al régimen en las elecciones presidenciales de 2024. O, que el candidato ganador solo debe prestar su cuerpo, su persona y su demostrada popularidad, pero debe seguir los lineamientos, las ideas y los programas de los que no gozan de esa misma popularidad.
Este razonamiento a veces se presenta bajo el manto de una presunta voluntad de crear consensos, pero sin nunca aclarar consensos con quien y para qué. Porque una cosa son los consensos con amplios sectores de la sociedad y otra cosa es entender el consenso como la repartición de cuotas, tal y como sucedió con el caso de Monómeros, o en la repartición de los recursos internacionales durante el interinato. Se intenta justificar este argumento del “consenso” aseverando que el candidato ganador por sí solo no podrá derrotar al régimen. Pues por supuesto que no. Se necesita a toda la sociedad civil y la ciudadanía organizada, a quienes los partidos se deben por completo.
Son los partidos los que deben seguir el consenso de la ciudadanía (expresado en las primarias), y no lo contrario. En esta misma línea argumental, se oye de boca de prominentes líderes opositores el argumento de que “el candidato ganador no puede hacer lo que le dé la gana”. Por supuesto que no puede hacer lo que le dé la gana. Lo elegirán para hacer lo que dijo que iba a hacer, no para hacer lo que le dé la gana. Lo que sí es seguro es que no lo elegirán para que haga lo que le da la gana a los que perdieron. El consenso debe ser de toda la sociedad civil, incluyendo, pero sin exclusividad, a los partidos políticos que proporcionalmente la representan.
Detrás de todos estos razonamientos está la intención de evadir la crisis de representatividad que la oposición política viene arrastrando desde hace muchos años, confundiendo a la oposición política partidista, con los ciudadanos opositores y el resto de la sociedad civil.
Llegamos así al más reiterativo y polémico argumento de estos días, sin aparente esperanza de síntesis o equilibrio: el asunto de las inhabilitaciones. Parece que hay sectores que tienen dificultad en entender que las inhabilitaciones son solo una de las (literalmente) miles de arbitrariedades cometidas y por cometer por el régimen. Si comenzamos por aceptar esta arbitrariedad habremos ya demolido el sentido de eso que en la jerga política venezolana que hoy todos conocen como la acción de “cobrar”. Cobrar el triunfo en el 2024 no se puede entender como una acción que se ejecuta después de las elecciones. No se cobra después del proceso electoral. O se comienza a cobrar desde ahora y durante todo el proceso, o no se cobra. En el contexto de la lucha política venezolana “cobrar” significa no resignarse (bajo el chantaje de la violencia) a aceptar los abusos y las arbitrariedades del régimen, que incluyen violaciones de derechos humanos, violencia institucional, corrupción, instituciones secuestradas y específicamente en el ámbito electoral, fraude electrónico, registros electorales adulterados, circuitos alterados, ventajismo e intimidación. En medio de todo esto se ubican, solo como un puntico más de la lista, las inconstitucionales inhabilitaciones.
Quienes aceptan las inhabilitaciones como obstáculo ontológicamente ineludible, deberían explicar cómo piensan sortear el resto de los obstáculos, o si pretenden no sortearlos, y en todo caso, como creen que un “heredero” podría cobrar, e incluso si habría algo que cobrar si no se sortean estos obstáculos. Y aquí regreso al artículo de Peñaloza para escudriñar mejor la paradoja del heredero. Parece que hay consenso entre los sostenedores de la tesis sucesoria que el heredero debe ser potable para el régimen, lo cual es sinónimo de “habilitado”, y para estar habilitado un candidato no puede tener probabilidades de ganar las elecciones porque si las tiene lo pueden inhabilitar. Los que sostienen la ineluctabilidad del obstáculo representado por las inhabilitaciones, y por ende endosan la tesis accesoria de la sucesión, parecen estar hipnotizados por esta paradoja, como en un estado de inatención selectiva. De allí surge también el falaz argumento, o temor, de que el candidato ganador podría retirarse de la ruta electoral, cuando de lo que se trata es de retirarse de la ruta del fraude sistémico, porque si se aceptan de antemano todas las arbitrariedades electorales arriba mencionadas, la ruta electoral en realidad no existe, por lo que el candidato no podría ni siquiera retirarse.
A parte de no tener probabilidades de ganar las elecciones presidenciales (por generar rechazo en la ciudadanía opositora), la otra característica que hace a un candidato “potable” para el régimen es que no esté dispuesto a cobrar -o sea, que no esté dispuesto a llegar hasta el final-. Llegar hasta el final quiere decir ganar y cobrar, recuperar el Estado de Derecho y la democracia. La gran mayoría de los ciudadanos venezolanos lo que quieren es que se llegue hasta el final, y en función de eso escogerán a su candidato.
¿Cómo puede un demócrata honesto y libertario negarse a llegar hasta el final?
¿Quién quiere llegar hasta la mitad?
¿Quiénes se conforman con tres cuartos?
¿Qué sentido tendría?