Al conmemorarse este lunes el 50 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, un grupo de activistas y académicos reavivó su petición para que Australia salde su deuda con Chile y desclasifique los documentos sobre el papel de Camberra en la caída del gobierno socialista de Salvador Allende en 1973.
“El gobierno australiano es consciente que los ciudadanos nunca tolerarían actos tan despreciables, si supieran lo que traman estas agencias (de Inteligencia)”, dijo a EFE con motivo del aniversario, Clinton Fernandes, quien pidió en 2021 la desclasificación esos documentos ante un tribunal australiano.
La Justicia australiana se pronunció ese mismo año en favor de mantenerlos en secreto por motivos de seguridad nacional.
Este académico y exoficial de la inteligencia militar australiana consideró que la desclasificación de estos documentos secretos históricos no responde a la defensa “la seguridad nacional en ningún sentido significativo”, y se quejó de que “el secretismo (solo) protege a los responsables políticos del escrutinio democrático y la rendición de cuentas”.
¿QUÉ SE SABE?
La desclasificación de los documentos realizados hasta la fecha por Washington y Camberra ha permitido conocer que durante el gobierno australiano del liberal Billy McMahon, el Servicio de Inteligencia Secreto de Australia (ASIS, siglas en inglés) estableció una oficina clandestina en Santiago de Chile en 1971, para dar apoyo a la CIA estadounidense.
La oficina del ASIS, que operó durante 18 meses cerró en julio de 1973, durante la gestión del laborista australiano Gough Whitlam, aunque se cree que al menos un agente se quedó en Chile después del golpe, algo que no terminan de confirmar los documentos desclasificados.
“Lo que se quiere saber son detalles de la mano sucia que se utilizó en derrocar a un gobierno”, explicó por su lado, Rodrigo Acuña, de origen chileno e impulsor de dos cartas enviadas en 2021 para exigir al gobierno australiano la desclasificación de los documentos.
CASOS QUE LLEGARON AL SENADO
Los activistas y académicos también exigen saber si Australia puso en riesgo la vida de algunos opositores al régimen militar que tramitaban su asilo político en el país oceánico, así como que se esclarezca la supuesta contratación de chilenos en la Embajada Australiana en Santiago vinculados a la policía secreta de Pinochet, entre otros asuntos.
“Existen acusaciones creíbles de que algunos chilenos que habían sido aceptados por Australia en el marco del programa humanitario especial fueron delatados a la policía secreta y asesinados por ella”, precisó Fernandes, autor del libro “Poder sub-imperial: Australia en la arena internacional”(2022).
Uno de estos supuestos casos es la ejecución el 19 de enero de 1985, en la ciudad de Quillota, a manos de la Policía secreta de dos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria: los hermanos Marcelo y David Miño Logan, cuyos familiares tramitaba una solicitud de asilo a Australia.
El 7 de mayo de 1985 la senadora Alice Zhakarov le preguntó en la Cámara Alta al entonces ministro interino de Exteriores, el laborista Gareth Evans, si los nombres de estos hermanos habían sido proporcionados por personal de la Embajada de Australia en Santiago a la Policía chilena “sin la debida consideración de las posibles consecuencias”.
Pero Evans le respondió a su correligionaria que no “hay base para la alegación de que la información de la Embajada ayudó a las autoridades chilenas a localizar a los hermanos”, según una transcripción digital del Parlamento de Australia consultados por EFE.
POSIBLES VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS
Fernandes, también autor del libro “Poder sub-imperial: Australia en la arena internacional” (2022), también apuntó que la Embajada de Australia contrató a una mujer presuntamente vinculada a la Policía secreta chilena, aunque el que fuera ministro de Servicios Sociales, Don Grimes, aseguró el 11 de septiembre de 1985 que en esa legación diplomática no se había violado la seguridad.
Por otro lado, Fernandes también se preguntó si las autoridades australianas dieron “preferencia especial” a personas como, Adriana Rivas, exagente de Pinochet y cuya extradición está en manos de Australia para que sea juzgada en Chile por la desaparición de siete personas.
SBS, que realizó una investigación liderada por la periodista Florencia Melgar sobre la presencia de presuntos agentes de Pinochet en Australia y que dio con el paradero de Rivas, publicó en 2019 que ha identificado a tres de ellos, aunque no ha dado sus identidades.
Según Rodrigo Acuña, es “muy difícil” que la entrada de estos chilenos sea casual, ya que el trabajo de los servicios de Inteligencia es saber “quiénes son los espías de los enemigos y los espías de los amigos”.
EFE contactó al Ministerio de Exteriores de Australia para obtener la versión oficial, aunque hasta el momento no se ha pronunciado.
EFE