Los procedimientos de la embestida son variados: descalifica y amenaza a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (CNP); ridiculiza e invisibiliza la consulta en los centenares de medios de comunicación que controla; la acusa de ser un proceso ilegal; mantiene inhabilitados a los candidatos que levantan mayor apoyo popular y con mayor opción de triunfar; impide que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la apoye con su tecnología y con los centros electorales, a pesar de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha hecho uso y abuso de ese organismo, de esas mismas instalaciones y de los medios de comunicación públicos, para promover sus eventos proselitistas internos; se vale de escuderos, para dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la finalidad de ilegalizar la consulta y a varios de sus participantes; y, por supuesto, agrede a los aspirantes y sus seguidores en los eventos que estos organizan en distintas ciudades del país. Por supuesto que la lista resulta mayor.
Ese bombardeo a la oposición solo ocurre en Venezuela, Cuba y Nicaragua, los tres modelos de autoritarismo de izquierda más agresivos. En otras naciones de Latinoamérica dirigidos por gobiernos de izquierda, la dinámica política vinculada con los sectores opositores se desenvuelve dentro de un ambiente civilizado. En México, acaba de concluir un proceso en el cual la oposición a Andrés Manuel López Obrador eligió a su candidata sin interferencias del Gobierno. Fue el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), liderado por AMLO, el grupo político que confrontó mayores dificultades internas para seleccionar al sucesor del mandatario. En Argentina, todo el espectro político participó sin sobresaltos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), evento en el cual las distintas organizaciones y movimientos eligieron sus candidatos a los distintos cargos de representación popular. En la mayor parte de América Latina, la coexistencia respetuosa –aunque con las tensiones y choques inevitables- entre el Gobierno y la oposición pasó a formar parte de la dinámica política cotidiana. En Argentina, el peronismo –metido en la piel de esa sociedad- no destruye a la oposición, aunque se encuentre con adversarios tan enconados y contrapuestos como Mauricio Macri o Javier Milei. En Venezuela no ocurre nada similar con Maduro y su gente. Esa camarilla no considera a sus competidores como adversarios dignos disputarle el apoyo popular, sino como enemigos que carecen del derecho a contar con el respaldo de los ciudadanos en las urnas de votación, y a quienes hay que destruir.
Lo más probable es que la Primaria sea invalidada por alguno de los caprichosos argumentos expuestos por los agentes del régimen; o que se cumpla la promesa de impedir que se inscriba María Corina Machado, quien lidera las principales encuestas de opinión, como candidata oficial. Lo mismo podría suceder con Henrique Capriles o Freddy Superlano, los otros dos aspirantes inhabilitados por Elvis Amoroso, el actual presidente del CNE. En realidad, el riesgo de ser ‘ilegalizado’ lo corren todos los competidores y la misma Primaria.
Frente a ese escenario, la oposición tiene que estar preparada. Me parece acertado que en la coyuntura actual la Primaria continúe avanzando. Que los candidatos inhabilitados se mantengan en liza y que todo el proceso marche como si estuviésemos en Suiza. No le corresponde a la CNP vetar la participación a los dirigentes inhabilitados por una decisión ilegal de la Contraloría; o que los afectados renuncien a recorrer el país denunciando al régimen por sus arbitrariedades y autoritarismo. La política se ejerce en medio de la confrontación. Hoy la Primaria constituye el principal escenario de la lucha entre el Gobierno y sus adversarios.
Si el régimen termina ilegalizando la Primaria, entre las alternativas que la Plataforma Unitaria tendría que contemplar para enfrentar el desafuero, se encuentra la de seleccionar un candidato por una vía diferente a esa opción. Se sabe que la Primaria cuenta con el mayor respaldo popular. Sin embargo, los votantes sabrán entender que la alianza hizo todo lo posible por presentar un candidato electo de forma democrática, pero lo impidió el férreo control del régimen sobre las instituciones del Estado. La fórmula alternativa podría ser la del consenso basado en la información estadística arrojada por un grupo de encuestadoras previamente seleccionadas. La receta ya fue probada en Venezuela en 2006, y ha sido utilizada en años recientes en diversos países, entre ellos México.
Algunos dirán que el aspirante elegido por consenso también podría ser inhabilitado. Es cierto. Daniel Ortega ha recurrido a esa práctica. A Maduro hay que probarlo para ver hasta dónde llegará. El escenario internacional favorece unas elecciones relativamente transparentes en Venezuela. La nuez se halla en que la PU presente un candidato unitario. El método se ubica en segundo plano. ¿Tendrá la PU la madurez para en encarar con lucidez esa posibilidad? Veremos.
@trinomarquezc