La sangre corría por la cara de Eduardo Labrador y le salpicaba la camisa. “¡Grábame! ¡Grábame!”, le gritó al periodista que había venido a socorrerlo. Miraba a la cámara con un gesto desafiante, incluso de enfado. Hoy, dijo, habían salido a defender la democracia en Venezuela, y este había sido el resultado.
Un año más tarde, buscó una analogía para explicar lo que sintió al recibir el golpe.
Por InSight Crime
“No sé si ustedes han escuchado una bomba así de cerca al oído, ¡boom! [Estuve con] dolor durante cuatro horas”, les dijo a los investigadores de InSight Crime.
La imagen de Labrador, bañado en sangre e indignado, hizo añicos la fachada de unas elecciones ordenadas y pacíficas que el gobierno venezolano había intentado desesperadamente mostrar al mundo.
Labrador fue atacado por hombres armados cuando intentaba desempeñar sus funciones como director de campaña de la oposición política durante las elecciones locales y regionales de noviembre de 2021. Ese atentado, dice, hizo parte de una campaña premeditada de intimidación a votantes en el municipio de San Francisco, estado Zulia, al noroccidente del país. Y detrás de esa campaña, sostiene, estaba el entonces gobernador de Zulia, Omar Prieto.
Labrador había sido testigo de primera mano del ascenso de Prieto en su calidad de aliado político del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y como miembro de su gabinete. Muchas veces se le consideró la mano derecha de Prieto.
Pero, con el tiempo, el dirigente político vio cómo el proyecto socialista en el que alguna vez había creído se fue convirtiendo en lo que otro antiguo miembro de alto nivel del PSUV describió a InSight Crime como “un proyecto delincuencial [en el poder]”.
Ese proyecto les permitió a Prieto y a sus cómplices perpetrar extorsiones, robos, malversación de fondos y manejar redes de contrabando desde el interior del Estado, a la vez que desplegaban una fuerza policial criminalizada, a modo de milicia privada para proteger sus intereses.
Aquel proyecto encajaba con el momento que se vivía en la historia de Venezuela.
Cuando Prieto llegó a la gobernación en 2017, Venezuela estaba al borde del colapso económico y el presidente Nicolás Maduro estaba bajo asedio político. Desesperado por mantener la lealtad de un PSUV fracturado, de fuerzas de seguridad mal remuneradas y de élites militares y políticas descontentas con sus decrecientes ganancias por corrupción, Maduro les otorgó territorios a los diferentes polos de poder dentro del movimiento político chavista, y más tarde les dio el aval para aprovechar cualquier beneficio criminal que pudieran exprimir de esos territorios.
A Prieto se le otorgó el poder en Zulia como sucesor de la facción política más importante dentro del chavismo fuera de la red de Maduro. Y durante todo su mandato, llevó ese aval hasta sus límites.
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