La intervención policial del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, plantea una serie de interrogantes que van desde el estado de los presos y el futuro de este recinto hasta el paradero de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero». La recomposición territorial y delictiva del Tren de Aragua es otra pregunta sin respuesta.
Por Luisa Quintero y Zulvyn Díaz / talcualdigital.com
Jeremy McDermott, director de Insight Crime, comenta que las rentas de las actividades delictivas del Tren de Aragua se calculan en millones de dólares, pero es difícil precisar un monto debido a la variedad de «negocios» que maneja el «Niño Guerrero» y sus aliados.
En esto coincide el doctor en Ciencias Sociales Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia. El sociólogo también destaca que el Tren de Aragua pierde una fuente importante de ingresos a través del cobro de la «causa» –el pago semanal para vivir en la cárcel–, pero mantendrán las redes de extorsión y podrán fortalecerse.
Alerta, además, que puede registrarse un incremento de delitos en otros lugares. «En un primer lugar, delitos de tipo depredador como robos, asaltos o secuestros».
Se habla de cobros a los presos comunes de 14 dólares a la semana, un monto mayor si era pagado en bolívares. El permiso para tener un teléfono celular estaba fijado en 10 dólares y los de una fiesta especial en 20 dólares. Si se calcula solo el cobro a los 1.800 reclusos que fueron trasladados a otras cárceles, según informaron las autoridades a periodistas de Aragua, a las arcas del Tren ingresaban poco más de 25.000 dólares a la semana.
Al menos 10 años de actividades mantenía el «Niño Guerrero» con su gobierno de la cárcel y hacia afuera, mientras purgaba una condena de 17 años por varios asesinatos, múltiples robos a residencias, porte de armas, tráfico de drogas y su fuga de Tocorón en 2012.
«Ellos tienen dominio de la zona porque comenzaron a trabajar en distintas poblaciones y barrios de Maracay y tenían personas que estaban fuera de la cárcel como parte del Tren de Aragua y otra gente que podía salir de las cárceles y dedicarse a las funciones de extorsión y control de la zona», explica Briceño León.
Esta expansión también permitió el «intercambio» y los acuerdos con colectivos de las zonas de Aragua. Insight Crime enfatiza la existencia de una gobernanza híbrida, en la que esta megabanda impuso su orden en poblaciones cercanas al penal de Tocorón (San Vicente, Tocorón y San Francisco de Asís) bajo la anuencia de las autoridades estatales y nacionales.
El Tren de Aragua incluso logró el manejo de subsidios que otorga la administración de Nicolás Maduro (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) a través del control de consejos comunales, su infiltración en estructuras partidistas como las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) y el apoyo de políticos por medio de la Fundación JK, que maneja Kenferson Sevilla, miembro de la organización bajo el alias de «el Flipper».
Fechorías del Tren de Aragua
A través de los años, las actividades delictivas de la banda criminal Tren de Aragua dentro del territorio nacional se han ido diversificando tanto en las acciones como en el cobro de las extorsiones, según sea el caso.
Estas pasaron de extorsión y secuestro, que fueron de los primeros delitos registrados y denunciados en redes sociales y medios de comunicación por parte de las víctimas o sus familiares, a crímenes de talla internacional, entre los que destacan trata de personas para la explotación sexual (incluido de menores de edad), sicariato, tortura, tráfico de migrantes, lavado de dinero, robos, secuestros, tráfico ilegal de oro y narcotráfico. Las acciones delictivas se han expandido a Colombia, Perú y Chile, países en los que se han conformado nuevas células delictivas.
A través de redes sociales se han registrado numerosas denuncias, algunas de ellas señalan a funcionarios policiales y efectivos de la guardia Nacional como “cómplices” de estos hechos delictivos.
En 2015, una mujer fue despojada de su vehículo marca Toyota Terios cerca de un centro comercial en Cagua, estado Aragua. Media hora después, la mujer recibió una llamada de un “número desconocido” en la que le informaron que tenía 24 horas para recuperarla y que debería cancelar un monto en el centro penitenciario de Tocorón. “No vayas a denunciar porque te matamos. Sabemos de tu familia”, fue el mensaje con el concluyó la llamada.
La segunda llamada la recibió 25 horas después de la primera y el sujeto al otro lado del teléfono le preguntó si tenía el dinero, al tiempo que le dio las especificaciones para ingresar al centro de reclusión al día siguiente.
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