Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela parecen estar lejos de desaparecer. Los motivos son múltiples, pero uno destaca entre ellos, la incapacidad de los organismos del Estado de castigar dichos crímenes. Entre las instancias cuya inacción parece estar fomentando la repetición de estas vulneraciones, resalta aquella que precisamente tiene por misión combatir estos hechos, la Defensoría del Pueblo.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su cuarto informe sobre la situación del país, presentado el 20 de septiembre en Ginebra (Suiza) y en el que se da cuenta de al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 58 detenciones arbitrarias y 28 casos de tortura y otros tratos crueles.
En el reporte, de 429 páginas de extensión, el organismo afirmó tener
«motivos razonables para creer que la Defensoría, de manera sistemática y deliberada, ha omitido dar respuesta efectiva a las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos presentadas por las víctimas y sus familiares, y tampoco ha actuado de oficio ante dichas violaciones».
A esta conclusión llegó el organismo luego de entrevistar a 299 personas tanto presencial como a distancia (a través de conexiones telefónicas seguras, aplicaciones de mensajería o videollamadas), quienes suministraron información sobre casos ocurridos entre 2020 y 2023. En dichas conversaciones la instancia contabilizó que 27 denuncias presentadas ante las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Caracas o en otros estados jamás fueron analizadas.
¿Por qué? «(Porque fueron) rechazadas antes de ser registradas formalmente, o bien nunca recibieron una respuesta, ya sea a través de un escrito o a través de medidas concretas».
En el informe se destacan casos como el de John Jairo Gasparini, detenido en el marco de la Operación Constitución (un presunto plan para derrocar al Gobierno), días atrás condenado a 16 años de prisión y cuya familia tiempo atrás ante el despacho dirigido por Alfredo Ruíz con la finalidad de exponerle los malos tratos de los que estaba siendo víctima en su cautiverio. Sin embargo, estas solicitudes no fueron analizadas. La misma suerte corrieron las quejas de los familiares de los seis sindicalistas detenidos a mediados de julio de 2022 y que recientemente fueron condenados por un tribunal a 16 años de presidio.
La negativa de la Defensoría del Pueblo a investigar dichos señalamientos es cuando menos preocupante, porque esta instancia dirige la Comisión Nacional contra la Tortura.
Defendiendo al Gobierno
En el informe también se denuncia que la Defensoría del Pueblo tampoco ha tomado medidas para asegurarse de que el Estado atienda las recomendaciones realizadas por instancias internacionales como la propia MDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el reporte se deja en claro que la instancia parece pronunciarse únicamente frente a aquellos asuntos que no afectan los intereses del Gobierno o para respaldarlo.
Al respecto se lee lo siguiente:
«El Defensor del Pueblo ha asumido un perfil público en la denuncia de las sanciones internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela y su impacto sobre los derechos humanos, especialmente sobre el derecho a la salud y sobre los derechos de los grupos vulnerables».
También se expone que el organismo «responde únicamente a las denuncias relativas a fallas en los servicios públicos, y toma medidas para resolver ese tipo de cuestiones, obviando y aplazando todas las quejas que se refieran a graves vulneraciones de derechos humanos».
Esto declaró Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, al presentar en 2022 su informe anual a la Asamblea Nacional.
«Si el pasado año [por 2021] fue difícil para todo el planeta, más lo fue para Venezuela, por el ensañamiento de los poderes hegemónicos en contra de nuestro país. Nos ha tocado padecer y resistir siendo golpeados en la salud, alimentación y la situación social y económica de la población; pero nunca la moral, ni la conciencia».
En el reporte de la MDH también se recuerda que Ruiz fue el segundo a bordo de Tarek William Saab cuando este ocupaba el organismo; y que fue designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Con su postura, el actual defensor del Pueblo mantiene la tradición que han seguido casi inalterablemente todas las personas que han ocupado este cargo desde su creación en el año 2000, tras la aprobación de la Constitución de 1999.
Sin embargo, la actuación de la instancia encargada de velar por el goce de los derechos humanos en el país no es un caso aislado y está en sintonía con la desplegada por el Poder Judicial en su conjunto.
«Los testimonios coinciden en que ni el Ministerio Público, ni los jueces, ni la Defensoría del Pueblo han actuado diligentemente para esclarecer (las) violaciones (a los derechos humanos)», agregó la MDH.
La dependencia política de la Defensoría del Pueblo no es algo nuevo
En su reunión del 12 al 14 de octubre de 2016, la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) confirmó la recomendación hecha por su subcomité de Acreditación en mayo de ese año, y degradó a la Defensoría del Pueblo venezolana de categoría A a B, impidiéndole su derecho a votar en dicha institución.
Para entender mejor esta recalificación, hay que recordar que la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) es una asociación con sede en Ginebra que tiene, entre otros fines, vincular las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) con el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los demás órganos creados por los diversos tratados internacionales sobre la materia. De este modo, las INDH debidamente acreditadas por el GANHRI pueden colaborar con las instituciones de la ONU.
Por ello, es fundamental que las entidades para la defensa de los derechos humanos (como la Defensoría del Pueblo en Venezuela) sean realmente efectivas y no simples parapetos de los gobiernos para aparentar un compromiso con los derechos de los ciudadanos.
Con esto en mente, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1993 los Principios de París, que establecen los requisitos que debe cumplir una entidad para ser considerada como una INDH. Entre otras consideraciones, se requiere, por ejemplo, que en su composición se den garantías de «independencia y pluralismo» y que debe trabajar con ONG de derechos humanos y tener un presupuesto que le permita «ser independiente del Gobierno» para no estar sujeta a controles que «puedan afectar su independencia». Tan importante como lo anterior es que los Principios de París exigen que estas organizaciones tengan como objetivo «alentar la ratificación» de los tratados internacionales de derechos humanos y «asegurar su cumplimiento».
Esto ha tenido implicaciones importantes tanto para la Defensoría del Pueblo como para el Estado venezolano, pues en 2016 se decidió que la Defensoría del Pueblo, que estaba a cargo de Tarek William Saab, no cumplía adecuadamente con los principios que deben regir a una institución de defensa de los derechos humanos, por lo que, como ya se indicó, perdió su derecho a votar en la GANHRI, quedando solo con derecho a voz.
El informe de la MDH ratifica que bajo Alfredo Ruiz la Defensoría del Pueblo ha seguido el mismo camino que con sus antecesores.
Menos violaciones, pero igual de preocupantes
En el informe, la MDH reconoció que se ha producido una caída en el número de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, negó que esto sea producto de las supuestas medidas adoptadas por las autoridades para mejorar la situación en el país, sino que más bien la atribuyó a la reducción de la intensidad de la crisis política e institucional generada por la pandemia de COVID-19, que «marcó el fin de las protestas masivas convocadas por los partidos de la oposición», y a la aplicación de métodos más selectivos.
«El aparato represivo del Estado en la República Bolivariana de Venezuela, que se desarrolló para anular las amenazas al Gobierno, sigue vigente en la actualidad», denunció la instancia, la cual agregó que
«si bien (…) ha recibido menos denuncias de este tipo de violaciones, las mismas se han llevado a cabo de manera más focalizada contra líderes específicos y conocidos de la sociedad civil, tales como periodistas, dirigentes sindicales y personas defensoras de derechos humanos, así como otros que sirven de ejemplo disuasivo a los disidentes, con impactos diferenciados sobre las mujeres y la comunidad LGTBI+».
El caso del director de FundaRedes, Javier Tarazona, y de los periodistas Arnaldo Somoza y Wilfredo Rodríguez, detenidos en 2020 y sometidos a malos tratos tras denunciar irregularidades en el servicio de agua y en el comercio de combustible, respectivamente, son mencionados como ejemplos de esta nueva estrategia.
Para la MDH otra razón que explica esta caída en el número de denuncias es el «éxito parcial» obtenido por las autoridades en sus anteriores esfuerzos por neutralizar a la oposición, algo que ha generado un «efecto amedrentador» sobre la población e incluso sobre el liderazgo opositor.
La instancia de la ONU también denunció que en los últimos meses «se ha intensificado en todo el país un asalto coordinado al espacio cívico y democrático» y como parte de ese ataque mencionó la aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiación de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, y la reactivación del proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Ambos instrumentos están dirigidos a restringir u obstaculizar las labores de la sociedad civil organizada.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El último informe de la MDH pone de manifiesto las consecuencias que genera la cooptación de las instituciones por parte del partido de Gobierno, pues supone que instituciones como la Defensoría del Pueblo, que deberían velar por los derechos humanos, renuncien al ejercicio de sus potestades para respaldar al poder político.
El silencio que la Defensoría del Pueblo ha guardado en los últimos años frente a los crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en el país la hacen cómplice y confirma lo que los activistas de derechos humanos como Marino Alvarado han afirmado, que esta actitud «cuesta vidas». Lo mismo ocurre con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Asimismo, el reporte corrobora la incapacidad del Estado para castigar las infracciones a la ley y reparar a las víctimas, con lo cual se ratifica la necesidad de que instancias como la Corte Penal Internacional tomen cartas en el asunto.