El canciller chileno, Alberto van Klaveren, celebró este miércoles la reanudación de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria y el acuerdo para la celebración de elecciones presidenciales, al tiempo que pidió el “levantamiento de las sanciones unilaterales que castigan al pueblo venezolano”.
“Esperamos que (las negociaciones) culminen exitosamente, generando un amplio acuerdo sobre las condiciones en que se desarrollarán los próximos procesos electorales”, publicó el ministro chileno en la red social X (antes Twitter).
El chavismo y la oposición acordaron el martes en Barbados que las elecciones presidenciales de 2024 se celebren en el segundo semestre del año, en una fecha todavía sin definir, con la observación de misiones técnicas de la Unión Europa (UE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otros organismos internacionales.
Ambas partes se comprometieron a la “promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” y “a la promoción de un discurso público que contribuya con un clima político y social, favoreciendo el desarrollo pacífico de los comicios”.
El acuerdo fue firmado por el representante del régimen, Jorge Rodríguez, y el exalcalde del municipio Baruta en Caracas, Gerardo Blyde, en nombre del chavismo y la oposición, respectivamente, en presencia del ministro de Exteriores de Barbados y de representantes de Noruega, país facilitador, y de otras naciones acompañantes.
Las anteriores elecciones presidenciales, celebradas en 2018 con una abstención cercana al 54 % y que supuso la reelección de Maduro, fueron cuestionadas por numerosos Gobiernos de América y Europa.
El régimen de Maduro y la oposición se comprometieron además a continuar con el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas, “entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano”.
De acuerdo con datos del régimen, países como EE.UU., Canadá, Panamá y naciones de la Unión Europea (UE) han impuesto más de 900 sanciones a Venezuela desde 2015, la mayoría de ellas a título personal contra funcionarios acusados de perjudicar la democracia.
Con información de EFE