El fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó el miércoles 25 de octubre sobre el inicio de una investigación contra Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, respectivamente, por supuesto «fraude» cometido con la elección del domingo 22.
Por Tal Cual
Según Saab, la investigación se basará en los supuestos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Pero abogados y politólogos aseguran que las acusaciones carecen de fundamento penal, al no existir pruebas que lo soporten, y responde más a una respuesta política por la contundente participación de la ciudadanía, que superó las 2,3 millones de personas.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz, recuerda que con base en la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia le corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) la organización y ejecución de elecciones presidenciales, gobernaciones, alcaldías y sindicatos; es decir, elecciones que estén legalmente establecidas.
«Aquí lo que hubo fue una reunión de organizaciones políticas para escoger un candidato, eso no debe ser regulado por el CNE. Sus competencias no abarcan este tipo de comicios (…) Alegan que había cuadernos, pero eso forma parte de su organización interna», explica Apitz.
Pone como ejemplo la elección del presidente de un club privado. «Esa no es una elección bajo el ámbito del CNE porque no corresponde a un partido o sindicato que esté debidamente registrado en ese organismo. El CNE efectivamente organiza elecciones, pero que estén fijadas en leyes o estatutos».
El decano Apitz señala que al no haber este delito, «el resto de las acusaciones se caen a partir de la premisa usada».
Mientras que el profesor y experto en derecho constitucional Juan Manuel Raffalli destaca que curiosamente no se imputa la comisión de ningún delito electoral, «porque esos delitos están muy bien especificados y tipificados en la ley», por lo que recurren a delitos ordinarios como legitimación de capitales y fraude.
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