Por esta y otras razones, la mayoría de la gente desconfía de los políticos y de los gobernantes, aquí y en todas partes. Existe, por supuesto, una clase política honesta, capaz y con vocación de servicio público, aquí y en todas partes también. Pero parecieran ser los menos entre todos aquellos y, tal vez por eso mismo, no se sienten ni participan como es debido. Tal vez por eso igualmente la mayoría de las veces son desplazados de la atención ciudadana porque los escándalos y trapacerías de los políticos y gobernantes corruptos los opacan, cuando debería ser lo contrario.
Así fue como surgió desde siempre la política del “todo vale”, es decir, la práctica perversa según la cual hay que hacer lo que sea necesario para acceder al poder y mantenerse en él. A estos efectos, los escrúpulos no importan, el fin siempre justifica los medios, la ética no tiene importancia y menos los principios morales. “Todo vale”, en suma, con tal de tomar el poder y controlarlo el mayor tiempo que sea posible.
Acaba de pasar recientemente en España con la insólita actitud del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien perdió las recientes elecciones nacionales, pero el complejo sistema electoral le permitió maniobrar en contra del Partido Popular de Núñez Feijoo, que fue el ganador del proceso, aunque sin haber conseguido la mayoría absoluta. Esta situación absurda le impidió formar gobierno a quienes obtuvieron la victoria, en tanto que los perdedores lo lograron, con la circunstancia, también paradójica, de que la decisión final terminó en manos de un reducido número de diputados –secesionistas e independentistas–, que apenas representan un minúsculo porcentaje del electorado español.
Pero, independientemente de tan complicado sistema electoral, la actitud del recientemente designado presidente del gobierno español y jefe del PSOE personaliza esa detestable e inmoral política del “todo vale”. Para Sánchez lo esencial es continuar en el poder, y todo lo demás le importa un rábano. Por eso, para conseguir el apoyo de ese raquítico sector parlamentario, le ha hecho concesiones de todo tipo al margen de la Constitución de España y en contra del Estado de Derecho y de la independencia de los poderes públicos, desconociendo, además, el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la justicia, así como lo relativo al principio de equidad que debe regir la administración de los recursos del patrimonio en beneficio de todos los españoles. Esa condenable práctica, insisto, es la más precisa concepción del inmoral “todo vale” para obtener y mantener el poder.
Hago mención del caso español por su actualidad gracias al escándalo suscitado por la ambiciosa conducta del presidente de aquel gobierno. Pero esa política del “todo vale”, si ha tenido alguna expresión maximalista y extremista, ha sido aquí en Venezuela, especialmente desde febrero de 1992, cuando unos oscuros oficiales de las Fuerzas Armadas intentaron un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de entonces. Esa vergonzosa felonía constituyó el inicio de la funesta carrera política del teniente coronel Chávez y sus secuaces, desconociendo su juramento de lealtad a la Constitución de 1961 al intentar implantar aquí una nueva dictadura –de acuerdo con los decretos que tenían redactados– y provocar una situación de violencia que dejó un lamentable saldo de cientos de muertos y heridos.
Con esa condenable acción golpista los que hoy mandan en Venezuela replantearon la política del “todo vale”, basada en el apotegma según el cual “el fin justifica los medios”, algo que ya había intentado la ultra izquierda castrocomunista e insurreccional a principios de los años sesenta con la fracasada experiencia de la lucha armada para intentar derrocar el sistema democrático iniciado en 1958.
En el caso de Chávez y sus golpistas la política del “todo vale” continuó con mayor caradurismo una vez que salieron en libertad. En un primer momento, como un ánima sola con un pobrísimo cuatro por ciento de apoyo en todas las encuestas, el jefe de la intentona golpista de 1992 recorrió el país profiriendo pronósticos de mal agüero y amenazando con una nueva acción golpista. Casi nadie, por no decir nadie, lo tomó en serio, pero aquella actitud revelaba el autoritarismo “gorila” que lo había animado y lo animaría más adelante.
Luego de casi cuatro años con ese discurso rayado que poca gente le compró, Luis Miquilena y José Vicente Rangel, junto a otros “notables”, lo convencieron de que asumiera la vía electoral a finales de 1997. Y aunque nunca había creído en ella, su política del “todo vale” la utilizó farisaica y oportunista, acompañado de un conjunto de ambiciosos anteriormente fracasados y de inescrupulosos plutócratas, empresarios y medios de comunicación “cansados” de AD y Copei, que lo financiaron y lo publicitaron para inflarlo en las encuestas, con los resultados ya conocidos. Bastaría apenas revisar los programas de opinión y la prensa de la época para observar a aquel candidato disfrazado de pacífica ovejita, prometiendo más democracia, respeto al Estado de Derecho, la libre empresa y la propiedad, negando ser socialista, garantizando la libertad de expresión y el pluralismo, etc., etcétera. Era, sin duda, la máxima expresión de su política del “todo vale”: ofrecer lo que la gente quería, pero sin creer en nada de eso, como lo demostró al llegar el poder e incumplir sus promesas de 1998.
La política del “todo vale” continuó con la convocatoria en 1999 a una Constituyente que no estaba prevista en la Constitución vigente entonces. Esa política siguió al aprobar una Carta Magna presidencialista, reeleccionista, militarista y centralista, que escondía entre sus ofertas engañosas de respeto a los derechos humanos y otras “delicias democráticas” un auténtico retroceso con respecto a la Constitución anterior. Los resultados, luego de 23 años de nefasta gestión, son más que reveladores al respecto.
Esa política del “todo vale” acaba de ser ratificada por los deudos del chavismo, agrupados ahora en el madurismo, pero con más cinismo e hipocresía que antes. Basta con constatar la estafa del supuesto referendo consultivo sobre el Esequibo, absolutamente inconstitucional, innecesario e impertinente, que ha contado con un ausentismo mayoritario de los venezolanos, cercano al 90 por ciento de los electores.
Volveremos sobre este último asunto.