La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pone de manifiesto la urgencia y gravedad de la situación respecto de la postura agresiva del Régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hacia la República Cooperativa de Guyana, que ha escalado hasta convertirse en un punto de importante preocupación para la seguridad regional y constituye un asunto que amenaza la estabilidad y soberanía territorial dentro de nuestro Hemisferio.
Es imperativo recordar que la frontera establecida en 1899 por un Comité de Arbitraje internacional está vigente y es jurídicamente vinculante para todas las partes según el derecho internacional. Este laudo se vio recientemente reforzado por procedimientos y decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Estos procedimientos fueron ordenados por el Secretario General de las Naciones Unidas de acuerdo con los términos del acuerdo firmado en 1966 Ginebra por representantes de los gobiernos de Venezuela y Guyana.
El régimen de Maduro continúa tomando y promoviendo acciones ilegales contra Guyana, como la realización de un referéndum ilegal e ilegítimo el 3 de diciembre de 2023, mediante el cual busca anexarse la región del Esequibo. Esta acción se tomó no sólo con un flagrante desprecio por el derecho internacional y las decisiones de la CIJ, sino también, una vez más, con un uso antidemocrático de procesos democráticos.
El régimen venezolano ya había llevado a cabo otras acciones agresivas antes del referéndum, incluidos varios incidentes y actos de intimidación. Estas acciones ilegales han escalado y ahora las violaciones a la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia son flagrantes: la dictadura venezolana está adoptando acciones jurisdiccionales en materia de defensa, nacionalidad, administración y economía en clara violación de la jurisdicción e integridad territorial de otro Estado.
También hay que tener especialmente en cuenta que el régimen venezolano ha estado en permanente violación de las normas universales de Derechos Humanos -como lo atestiguan informes del sistema de Naciones Unidas- y de las normas interamericanas de Derechos Humanos -como lo atestiguan informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las autoridades del régimen son investigadas ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad; el Régimen Venezolano ha sido un violador contumaz de la Carta Democrática Interamericana, ha generado por su propia acción la peor crisis migratoria del Hemisferio y la peor crisis humanitaria del Hemisferio, además de los juicios por corrupción referidos a PDVSA y el narcotráfico, juicios que involucraron al entorno de la dictadura.
Las recientes acciones tomadas por el Régimen en Venezuela no sólo ponen en peligro el desarrollo y la estabilidad de Guyana, sino que también plantean un riesgo más amplio para la seguridad de América Latina y el Caribe, una situación que ha sido condenada repetidamente por la Comunidad del Caribe (CARICOM).
A la luz de estos acontecimientos, y con la decisión de la CIJ sobre medidas provisionales contra Venezuela del 1 de diciembre de 2023, la Secretaría General reafirma y hace suya la solicitud de una reunión del Consejo Permanente de la OEA lo antes posible. Esta reunión tendría como objetivo discutir posibles medidas para mitigar esta crisis y explorar soluciones que respeten el derecho internacional y la estabilidad regional.