Hemos venido insistiendo en la necesidad de contar con importantes ingresos hacia el futuro por exportación de crudo si queremos recuperar rápidamente la economía venezolana. Pero no porque sean en sí suficientes para cubrir los requerimientos de tan formidable desafío. En el mejor de los casos, la producción diaria de crudo podrá incrementarse, año a año, en unos 180 a 200 mil barriles. Las magnitudes de producción que podrán alcanzarse en los próximos años estarán todavía lejos de solventar las necesidades de una nación tan devastada como la nuestra. Lo que será decisivo es contar con un flujo confiable y constante de divisas en cantidades suficientes como para avalar la contratación de empréstitos significativos y atraer a las inversiones requeridas para acometer las cruciales reformas que permitirán aprovechar al máximo las enormes potencialidades de mejora que tiene el país y, a la vez, servir de respaldo a la reestructuración a fondo de su desproporcionada deuda pública externa.
Esas reformas se centran en la transformación del Estado. De ser un ente colonizado por quienes viven de su depredación por diversas vías, incapaz de cumplir con su función básica como proveedor de servicios esenciales para una calidad de vida digna, debe convertirse en un Estado promotor, capaz de producirlos con creciente calidad, cobertura y eficiencia, junto con los bienes públicos asociados al imperio de la ley, el resguardo de la propiedad y de los derechos humanos, una educación y una salud universal de calidad, el acceso pleno a la información y el ejercicio pleno de la libertad de opinión. El Estado de derecho a forjar debe encontrar en la gestión ágil, transparente, la rendición de cuentas y la descentralización de la toma de decisiones, importantes bases para amparar al ciudadano ante posibles arbitrariedades, y promover su participación activa en los asuntos que le conciernen y en la defensa de las libertades públicas. Es decir, implica un cambio diametral con respecto al Estado chavo-madurista.
¿Y cómo se hace? En primer lugar, deben sanearse las cuentas públicas en su totalidad, asegurando cubrir los pasivos que sean legítimos, eliminando redundancias, despilfarros y toda posibilidad de que continúen perpetrándose negocios turbios de todo tipo a través de la gestión estatal. La descentralización y desconcentración de la administración pública, la transparencia y la rendición de cuentas, en un marco institucional que asegure de manera activa la autonomía y equilibrio de poderes, incluyendo el escrutinio de la opinión pública de medios independientes y de la ciudadanía empoderada, será clave.
La privatización de numerosas empresas cuya manutención desangra las arcas públicas mientras engorda los bolsillos de jerarcas, comisionistas y demás enchufados, será decisiva. Deben ser saneadas para que puedan cumplir con la provisión de los servicios o la producción de los bienes, para las cuales fueron creadas. Deben privatizarse, en lo posible, con licitaciones abiertas y trasparentes, exigiendo las garantías del caso, incluyendo aquellas pautadas para con el personal que en ellas trabaja (pasivos, derechos laborales, etc.)
Indispensable será contar con recursos para rescatar y mejorar sustancialmente los servicios públicos de luz, agua, seguridad ciudadana y, sobre todo, de la salud y la educación, con una red de seguridad y asistencia social que garantice condiciones de vida dignas. Son bienes públicos imprescindibles, pero su provisión puede quedar abierta a la participación de capital privado, dentro de los lineamientos acordados según sea su naturaleza. Esto es particularmente cierto para la inversión y mantenimiento de la infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos, tuberías y estaciones de suministro de agua, gas, o de generación y transmisión eléctrica, así como de instalaciones hospitalarias y educativas. Parece mentira, pero nuestro país en el pasado era reconocido por sus ventajas comparativas en estas áreas.
Y, no puede quedar por fuera un elemento fundamental para esta transformación del Estado, que es el talento, la probidad y la disposición de servicio público de quienes habrán de posibilitar su gestión eficiente y de calidad. Muy probablemente habrá que reducir personal, por lo que debe contarse con los recursos para su liquidación. Los demás deben disfrutar rápidamente de una remuneración adecuada, que le permita abocarse diligentemente a sus responsabilidades, sin la tentación de malas prácticas que tanto daño hicieron al país. Rescatar este elemento, central a una sana administración pública, será uno de los desafíos principales del equipo de gobierno que conducirá al país en democracia.
Todavía podrían considerarse otros aspectos. Pero lo que espero haya quedado claro a estas alturas es que todo ello requerirá real, mucho real. Además del programa económico y de restitución del Estado de derecho, la posibilidad de conseguirlo pivoteará sobre la capacidad de generar los ingresos en cantidad y constancia como para eventualmente reembolsar a financistas e inversores.
Venezuela no cuenta con otra cosa para ello que el petróleo. Y debe atraer cuantiosas inversiones para su recuperación. Lamentablemente, estamos muy lejos de estar entre las provincias petroleras más atractivas. Años de abandono, negligencia y abierta depredación, han convertido a sectores de la industria en chatarra. Mucho del personal más calificado o fue botado cuando la razzia de Chávez, o fue abandonando a PdVSA progresivamente por las deplorables condiciones de trabajo. Actualmente se han activado apenas dos taladros; durante años ni uno sólo estaba activo. Sin hablar del deterioro de las refinerías y la necesidad de importar gasolina y productos para atender al mercado doméstico.
Pero en adición a estas insuficiencias, la recién concluida Conferencia de las NN. UU. sobre Cambio Climático incrementa el desafío ostensiblemente. Si bien acordar “el fin de la era de los combustibles fósiles” no es un asunto de decreto, implica, como meta, que ya no pueden seguirse eludiendo las medidas para hacerlo progresivamente realidad. Esto significa, entre otras cosas, directrices cada vez más restrictivas para conceder recursos para la energía fósil e incentivos que premien el ahorro y/o la captura de gases de carbón y que castiguen su emisión. ¿Seremos competitivos en estas condiciones? Porque sin inversión extranjera, olvidémonos de contar con los recursos asociados.
Venezolanos altamente calificados han señalado en diversas ocasiones la enorme potencialidad con que cuenta el país para convertirse en fuente proveedora de energía limpia, dada su exposición a la energía solar y eólica, sin mencionar la hidroeléctrica del Caroní y de otros ríos. Pero muchos también se han lamentado de lo poco que se ha hecho, desde el Estado, para prepararnos para ello. Mientras, países petroleros del Medio Oriente, entre otros, están invirtiendo enormes recursos para posicionarse favorablemente ante el ocaso eventual de la energía fósil.
Este tema no puede quedar fuera de la agenda de discusión política. Las posibilidades de asegurar la recuperación de Venezuela en el menor tiempo posible dependerán de una estrategia clara para la transición energética que ponga al día, en términos factibles, nuestras potencialidades al respecto, de manera de atraer el capital requerido y convertirnos en eslabón importante de procesos productivos intensivos en energía, necesariamente limpia. Proyectar una estrategia de esta naturaleza debe ser uno de los baluartes de un programa confiable para la transformación del país. Contamos con una base apreciable de talento para su materialización, tanto en la diáspora como en el país, dada nuestra larga experiencia en áreas de explotación energética. Tengo entendido que en el programa de María Corina Machado se hacen referencias al respecto. Debe ser asumido como tal por el grueso de la población, para que asuma y haga suya la diferencia entre el rentismo de antes y nuestra capacidad ahora de apalancarnos con inteligencia en la riqueza petrolera para poder insertarnos provechosamente en la ola de oportunidades que abre el proceso de transición energética. De otra forma será difícil superar el estado de postración a que nos condenó el chavo-madurismo y disponer de los recursos con los cuales acceder al financiamiento internacional requerido para impulsar los cambios que necesita Venezuela.
¡Mis deseos por unas Felices Pascuas y un Año Nuevo venturoso!
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com