“Entre Venezuela y Colombia aparentemente no se han restablecido las relaciones jurídicas, incluso, se están manifestando hechos de xenofobia por parte de las autoridades colombianas hacia los venezolanos”, indicó José Mora, abogado colombiano, quien acompañó a Alejandra (nombre ficticio para resguardar su integridad), una madre venezolana que tuvo que batallar para que las autoridades de ese país le devolvieran a su hija adolescente.
Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com
Alejandra es una tachirense que denunció ante los cuerpos de seguridad del hermano país, cuando su hija fue captada por una red criminal internacional de trata de personas. La joven fue trasladada hasta Ibagué, Colombia, donde fue rescatada, pero desde ese momento la menor fue entregada a Bienestar Familiar del departamento del Tolima, a más de 700 kilómetros de la frontera del Táchira, situación que obligó a Alejandra a enfrentar otra odisea para que el Estado Colombiano le entregara a la menor.
A pesar de que la adolescente fue rescatada por los cuerpos de seguridad de Colombia a pocas horas de haber sido captada por el grupo criminal, que opera en la frontera entre Táchira y Norte de Santander, su hija no fue trasladada a la sede de Bienestar Familiar de Cúcuta para que la madre tuviera más cercanía, por lo que terminó siendo un largo camino jurídico, a pesar de que se presentaron acciones de tutela que debían ser resueltas en diez días hábiles en Colombia.
Esta situación se extendió por más de seis meses de angustia, en los que tuvo que presentar inclusive una denuncia contra el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, para poder ser escuchada, pues los días comenzaron a correr y no había respuesta oficial que le permitiera saber el destino de su hija.
Sin respuestas
El abogado José Mora manifestó que el Estado colombiano no garantiza el cumplimiento total de los derechos de los venezolanos que deciden irse a ese país, a pesar de la aparente cercanía que han manifestado públicamente Gustavo Petro y Nicolás Maduro, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Explicó que inicialmente Alejandra acudió por su propia cuenta, sin ningún representante legal, ante cuerpos policiales, Bienestar Familiar de Cúcuta, Bienestar Familiar de Ibagué, Fiscalía, y en ninguna de esas instancias obtuvo respuesta.
Esta situación la llevó a solicitar en tres ocasiones “acciones de tutela”, con medida provisional y finalmente varias denuncias, una de ellas contra el Presidente de Colombia, pero la respuesta a las acciones de tutela fue emitida por la Delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia, respuesta no solucionó el problema.
Por tal motivo, los abogados consideraron que con esta acción se demostró la poca importancia dada a los derechos humanos, “más aún si tenemos en cuenta que este caso era de especial relevancia al tratarse de un conflicto de carácter internacional y de una menor venezolana en territorio colombiano, como para que la Delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, manifieste tal vez en otras palabras, su contestación que no se le está vulnerando ningún derecho y que no solicitara subsidios”.
La representante de Petro consideró que faltaban requisitos esenciales para poder hablar de vulneración de derechos humanos, además de no prestar la relevancia por tratarse de una menor de edad venezolana, víctima de trata de personas en territorio colombiano.
Xenofobia en las instituciones
Cabe destacar que en las solicitudes de acciones de tutela se pidió vincular al Gobierno venezolano a través de su embajador en Colombia. Sin embargo, “el gobierno venezolano se pronunció a través de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Asonacop), que manifestó lo siguiente: “Me dirijo a ustedes con la finalidad de hacer de su conocimiento que debido al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y los hermanos países de la República de Colombia y la República Federativa de Brasil, hecho que desde esta organización celebramos, recientemente se celebró una reunión con los representantes de la Oficina de Asuntos Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. (…) En esta sesión se acordó que cualquier solicitud relacionada con el procedimiento de restablecimiento de derechos que conocen los órganos administrativos de protección de niños, niñas y adolescentes en países extranjeros, así como su respectivo seguimiento, en lo sucesivo deberán ser tramitados directamente ante la Autoridad Central de la República Bolivariana de Venezuela. (…) Por esa razón, les informamos que en lo subsiguiente todo requerimiento o despacho comisorio dentro del procedimiento relacionado con repatriaciones de niños, niñas y adolescentes venezolanos/as deben ser derivados directamente ante la Autoridad Central de la República Bolivariana de Venezuela, a través del correo electrónico a.c.venezolana@gmail.com o repatriaciones.ac@gmail.com.”
Las autoridades de Bienestar Familiar de Ibagué determinaron que no había garantías para entregarle la menor al Gobierno venezolano y decidieron que la entregarían directamente a la madre en Colombia.
Cabe destacar que en una de las tutelas, la representante del Bienestar Familiar de Ibagué solicitó a la Dirección Norte de Santander, cupo en una de las instituciones ubicadas en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, no fue posible transferir a la adolescente, porque la directora de Bienestar Familiar de Cúcuta, al parecer, cohibió de ese derecho a la menor al manifestar que “estaría llena de solicitudes de los NNA con nacionalidad venezolana”.
“Muy pocas garantías van a tener los migrantes venezolanos en el territorio nacional (Colombia), precisamente por los temas de xenofobia, lo cual hace esencial que Venezuela tenga un equipo jurídico fuerte en Colombia para garantizar los derechos de sus nacionales en este país”, precisó José Mora.
En el expediente de este caso, también se citó la publicación realizada por Amnistía Internacional de agosto de 2022, cuando se reseñó “la doble desprotección que sufren las refugiadas venezolanas”.
Venezolanos indefensos
Amnistía Internacional enfatiza en dicha publicación que “la ausencia de protección internacional como personas que han huido de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela; y, por otra parte, a la ausencia de protección cuando estas mujeres sufren violencia basada en género, siéndoles denegado en muchos casos los derechos a la justicia y a la atención médica. Cuando se combinan ambas desprotecciones, también se potencian los riesgos”.
Finalmente, Andrés Yáñez, representante legal en el caso, enfatizó que pareciera que los venezolanos no tienen en Colombia un espacio real y efectivo a dónde acudir a fin de que se le brinde una orientación legal y les ayuden a salvaguardar sus derechos, situación que se torna más compleja cuando se encuentra con autoridades inoperantes y que muestran aparentes señales de xenofobia, conllevando entonces a que no haya garantías en los procedimientos y falta compromiso de los funcionarios colombianos.
Igualmente, expuso que si esto pasa con otros padres, que sus hijos sean secuestrados en trata de personas y acuden al Bienestar Familiar de Cúcuta, que es donde está el mayor epicentro de la población migrante, “¿qué garantías van a tener esos menores de ser trasladados desde las ciudades donde sean rescatados, a la ciudad de Cúcuta para que tengan la mayor cercanía con su familia?”, cuando la misma funcionaria del Bienestar Familiar de Cúcuta manifestó que la institución “estaría llena de solicitudes de los NNA con nacionalidad venezolana”.
Por tanto, el jurista colombiano Alexander Gelvez señala que se hace indispensable la creación de un equipo jurídico, ya sea por parte del Estado colombiano o venezolano que resguarde los derechos de la población migrante en este país, a fin de que los venezolanos no se sientan vulnerables en territorio colombiano.
Por otra parte, autoridades de Migración Colombia en su informe anual de este 2023 indicaron que protegieron a posibles víctimas de trata de personas a través de la aplicación LibertApp.
“Un total de 2.255 denuncias hemos recibido de la ciudadanía gracias a la aplicación móvil LibertApp, una novedosa herramienta tecnológica diseñada para denunciar posibles casos de trata de personas o solicitar ayuda en caso de ser víctima de este delito y cuyo uso se fortaleció este año. De estas denuncias, 1.244 corresponden a mujeres y 1.011 a hombres”, puntualiza el informe de Migración Colombia.