La expulsión de los familiares y allegados del narcotraficante José Adolfo ‘Fito’ Macías, prófugo de la Justicia ecuatoriana y al que se considera uno de los responsables de la ola de violencia que vive ese país, ha situado a Argentina como “territorio hostil” para los delincuentes extranjeros.
Ese es el claro mensaje que ha querido dar este viernes el Ejecutivo de Javier Milei a la hora de explicar el operativo desarrollado conjuntamente por las fuerzas de seguridad nacionales y de la provincia de Córdoba (centro del país), donde, presuntamente -ya que las identidades nunca fueron confirmadas-, la mujer, tres hijos y varios allegados del líder de ‘Los Choneros’ estaban alojados en Valle del Golf, un barrio privado a las afueras de la capital homónima.
Las ocho personas involucradas en el operativo fueron deportadas en esta jornada por cuestiones migratorias a Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, después de que la Dirección Nacional de Migraciones les cancelara la residencia transitoria -la de cualquier turista que ingresa al país-, que da derecho a permanecer 90 días.
En la rueda de prensa ofrecida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Defensa, Luis Petri; y el del Interior, Guillermo Francos, además de diversas autoridades policiales y el responsable de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el Ejecutivo dejó bien sentado que Argentina será inflexible en la lucha contra el crimen transnacional.
“Hay una decisión política de luchar contra el narcotráfico, de expulsar a aquellos delincuentes extranjeros que cometen delitos en el menor tiempo posible y esta es la más clara muestra de que Argentina va a ser hostil para los narcotraficantes del país. Hay que modificar mucha legislación y trabajar mucho”, resaltó el titular de Defensa, quien fuera compañero de fórmula de Bullrich como aspirante a vicepresidente por la coalición centroderechista Juntos por el Cambio en la última campaña electoral.
No obstante, ninguno explicó la causa última por la que fueron deportados, ya que no habían cometido delito alguno; sólo que Migraciones “debía tomar la decisión de cancelar la residencia transitoria a la familia de este narcodelincuente”, detalló Francos, de cuya cartera depende esa Dirección Nacional.
Si bien Bullrich explicó en la rueda de prensa que la familia de ‘Fito’ -no especificó qué miembros- “ya tenía una serie de causas en el Ecuador”, posteriormente indicó que, en la frontera, “no había impedimento para que entren”, ya que “no tenían alerta de nada” y que, por tanto, su ingreso en Argentina el 5 de enero fue legal.
Las autoridades detallaron que, previamente, hubo varias entradas -tampoco indicaron de quién- en el país, lo que, en su opinión, indica que buscaban “refugiarse” en Argentina.
En uno de esos viajes, en noviembre pasado, adquirieron una casa en un ‘country’ (barrio privado) situado en las afueras de Córdoba y que, según medios locales, abonaron con dólares en efectivo.
“Tuvimos una alerta de las autoridades de Ecuador (de) que la familia de este asesino, ‘Fito’, estaba escondiéndose aquí. Por eso, para la Argentina es un éxito importantísimo haberlos deportado”, señaló Bullrich, quien agregó que el Gobierno cordobés también estaba desarrollando una investigación paralela sobre esta familia.
Una vez coordinadas ambas pesquisas, se unió el trabajo de ambas Administraciones, lo que derivó en el operativo desarrollado a última hora del jueves, el posterior vuelo en la madrugada de los detenidos desde Córdoba a Buenos Aires y su salida del país rumbo a Quito.
Más allá de las circunstancias de esta deportación, la idea que quedó plasmada en toda la comparecencia es la de que “quien ingrese a Argentina lo haga legalmente y no de una forma ilegal”, señaló el ministro del Interior, quien apuntó que hay que avanzar en la ley “que impida que aquellos que tienen antecedentes delictivos o sospechosos no darles la residencia transitoria”.
Argentina descarta que ‘Fito’ esté en su territorio, si bien el caso de su familia ha encendido, dijo Bullrich, la “alerta roja”.
EFE