Martin Mejia / AP
El expresidente de Perú, Pedro Castillo (2021-2022) reiteró este jueves que no se intentó fugar luego su fallido autogolpe de Estado y negó haber sido detenido en flagrancia, en una audiencia judicial pedida por su defensa para anular la acusación fiscal que incluye una solicitud de 34 años de cárcel.
“¿Quién se fuga con la propia Policía? ¿Quién se fuga en el mismo carro del presidente? Fui detenido arbitrariamente, con fusil en mano, por la Policía por una orden superior”, dijo Castillo en la audiencia de tutela de derechos solicitada por su defensa.
Castillo reiteró, como en las diversas audiencias celebradas en los últimos meses, que tras pronunciar el mensaje del autogolpe de Estado fallido del 7 de septiembre de 2023, él no fue detenido en flagrancia ni intentó fugarse y argumentó que fue detenido arbitrariamente “con fusil en mano”, lo que a su juicio constituye un abuso de autoridad.
Indicó que la orden de su arresto no fue suya y señaló que fue emitida por la hoy suspendida fiscal general, Patricia Benavides, que fue “víctima de un complot”.
También sostuvo que la acusación fiscal en su contra es “una cortina de humo”.
El expresidente participo en la audiencia virtual desde el penal de Barbadillo, minutos después de que el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aceptara un recurso de apelación presentado por Castillo para que se revise de oficio la orden de prisión preventiva por 36 meses que se le impuso mientras es investigado por el delito de organización criminal.
Por su parte, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, afirmó que desde diciembre de 2023 han pedido a la Justicia incluir 60 elementos probatorios de distintas autoridades políticas y policiales, pero no se le ha permitido.
“Se limita el derecho a presentar pruebas que están a nuestro favor y que mantienen lo que en un primer momento hemos dicho: que el golpe de Estado lo hizo las Fuerzas Armadas, la señora Patricia Benavides y la señora Dina Boluarte (entonces vicepresidenta y hoy presidenta), a mi patrocinado”, dijo Pachas.
El 12 de enero, la Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para Castillo “por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022”.
El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
Ese 7 de diciembre, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.
Por esa decisión, el Congreso decidió su destitución y, posteriormente, el arresto por su propia escolta.
EFE