Los indígenas yanomamis denunciaron este viernes que la minería ilegal en sus territorios ha seguido expandiéndose, a pesar de la intervención llevada a cabo desde inicios de 2023 por el Gobierno brasileño, y ahora piden a las autoridades el desarme de los invasores.
Esta petición figura en un informe redactado por la Asociación Yanomami Hutukara, con el apoyo técnico del Instituto Socioambiental y de Greenpeace, en el que la organización indígena hizo balance de las acciones del Gobierno un año después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretara la emergencia sanitaria en la región.
El informe, con participación de las asociaciones indígenas Wanassedume Ye’kwana (Seduume) y Urihi, destaca que el 80 % de los mineros ilegales fueron expulsados y se logró una desaceleración en la degradación de esta región de la selva amazónica.
No obstante, según indica el reporte, el área de explotación de oro y otros metales creció un 7 % en 2023, con lo que la superficie total acumulada de devastación alcanza ya las 5.432 hectáreas.
El impacto de la minería ilegal afecta a 21 de las 37 regiones existentes en el territorio yanomami, ubicado en la frontera con Venezuela, donde los metales pesados usados por los mineros han causado enfermedades y contaminado los ríos.
De la acuerdo con el informe, 308 indígenas murieron en 2023, 129 de ellos por enfermedades infecciosas, 63 por parasitarias y 66 por respiratorias, mientras que siete perdieron la vida en enfrentamientos con armas de fuego.
El informe también señala fallos en la ejecución de acciones sanitarias debido a la baja inversión, déficit de recursos humanos y de infraestructura sanitaria y errores de planificación.
Entre las recomendaciones para hacer frente a la crisis, el estudio propone la reanudación “urgente” de las operaciones de retiro de los mineros ilegales y un plan para fomentar el desarme voluntario.
El escritor, actor y religioso indígena Davi Kopenawa, presiente de la Asociación Yanomami Hutukara, dijo en un vídeo que los jefes de los mineros nunca fueron presos y “hay que ponerlos en la cárcel para que aprendan”.
“Eso es lo que está faltando”, porque sin “encarcelar a los patronos” de la minería ilegal, siempre habrá presencia de sus subordinados en la Tierra Yanomami, denunció el líder indígena.
De igual manera, los pueblos indígenas piden el reasentamiento de las comunidades afectadas por la minería, apoyo logístico e inversión en infraestructura y en sanidad, entre otras medidas.
El Gobierno brasileño ha reconocido que en los últimos meses han regresado algunos mineros ilegales a la zona, por lo que hace dos semanas el presidente Lula ordenó que el operativo se convierta en una acción de Estado permanente.
En total serán invertidos 1.200 millones de reales (245 millones de dólares/226 millones de euros) para implementar las nuevas políticas públicas de asistencia a los indígenas, que incluyen una sede permanente del Gobierno en la zona.
EFE