El Servicio Federal de Alguaciles inició el proceso de confiscación de la casa y propiedades del comisionado de Miami Joe Carollo, como parte de un esfuerzo de dos empresarios de La Pequeña Habana para cobrar un veredicto de $63 millones que un jurado les concedió en un tribunal civil federal el año pasado.
En su demanda, William “Bill” Fuller y Martín Pinilla, acusaron a Carollo de usar los recursos de la ciudad para llevar a cabo una venganza personal contra ellos.
Tras el veredicto del jurado, un juez federal dictó una orden en enero que dio luz verde a la incautación de las propiedades de Carollo y otros bienes pertenecientes al comisionado.
Un funcionario del Servicio Federal de Alguaciles dio el primer paso para cumplir la orden del juez el viernes por la tarde, cuando colocó un aviso en la puerta de la casa de Carollo en Coconut Grove junto con una copia de la sentencia definitiva y el mandato de ejecución.
El funcionario federal no entró en la casa y se marchó a los pocos minutos de llegar. Carollo ha negado repetidamente las acusaciones de la demanda y ha declarado al Miami Herald que está siendo “perseguido políticamente”. Se espera que impugne ante los tribunales la confiscación de su propiedad.
Contactado por teléfono móvil el viernes, Carollo dijo que vive en la casa, argumentando que eso hace que su incautación sea ilegal según la Constitución de la Florida. “No pueden quitarle a nadie su casa cuando es su hogar”, dijo Carollo. “Este es mi hogar”.
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