El polémico proyecto de Ley de Amnistía no cesa de recibir críticas, endurecer posiciones y causar asombro además de indignación social. Su último e inusitado episodio, dentro de la esperpéntica situación en que conviven los integrantes de esa coalición política conocida como “Frankenstein”, es tan desquiciante y sorprendente como la imagen que proyecta un prófugo de la justicia que, al parecer, tiene más derechos y menos obligaciones que cualquier otro ciudadano dentro de España. Nos referimos a la inesperada reacción de Junts en el Congreso de los Diputados de hace unos días al votar en contra del proyecto de Ley de Amnistía, luego de que el acuerdo sostenido en la Comisión de Justicia fuese aprobado unas horas antes con el voto favorable de todos los implicados, incluido el propio Junts. Una decisión que si bien puede parecer desconcertante e incoherente se entiende fácilmente desde la prepotencia del señor Puigdemont.
Resulta obvio que en lugar de una Ley de Amnistía que a estas alturas ya resulta indigerible, lo que busca el separatismo abanderado por el señor Puigdemont es una ley de “amnesia” que lo haga a él intocable ante cualquier causa judicial o delito que pudiera haber cometido. Una ley que no pretende lograr que los españoles lo olviden, sino que lo recuerden por décadas, que es lo que en realidad desea Puigdemont, doblegando, humillando y poniendo de rodillas al Estado español del que el gobierno de pedro Sánchez es, en este momento, un socio de oportunidad y un potencial peón de cambio en el ajedrez al que juega con los dirigentes tanto del PSOE como de la oposición. Un juego en el cual el poder no es el único ni el verdadero objetivo, sino más bien la venganza, un sentimiento que Pedro Sánchez conoce perfectamente porque viene sirviéndola fría desde hace ya unos años, más exactamente desde el momento en que fue marginado por la oligarquía socialista encabezada por Felipe González y por aquellos otros fundadores que lo defenestraron y enviaron al exilio, llevándolo a recorrer España para acercarse a las bases del partido y repetirse más tarde como su Secretario General. Una ley que obligue a fingir una amnesia y abra una herida incurable, en lugar de una reconciliación como la vende el señor Sánchez, entre Cataluña y el resto de las comunidades autónomas que conforman la nación española.
Pero quién iba a decir que ese giro “termidoriano” que supone la votación en contra de la Ley de Amnistía por parte de Junts pudiera convertirse en la verdadera piedra de tranca de todo ese plan urdido en las sombras para garantizar la impunidad de los separatistas golpistas que encabeza Puigdemont. Y es que los tiempos en este asunto son muy importantes, pues no es lo mismo esperar quince días o un mes para volver a introducir la ley en el Congreso de los Diputados como se busca ahora mismo qué varios meses como sucedería en el caso de iniciarse un nuevo proceso de tramitación y aprobación de la Ley de Amnistía en el parlamento español. En este sentido coincidimos plenamente con quienes defienden esta posición jurídica luego de haber analizado los artículos 79 y 81 de la Constitución y 131 del Reglamento del Congreso, según los cuales el proyecto de ley vuelve a la comisión, en este caso de justicia, si la ley en su votación final no hubiese conseguido la mayoría absoluta, circunstancia que no se produjo con la amnistía propuesta que fue, por el contrario, rechazada por mayoría de votos, lo que plantea un supuesto de hecho totalmente diferente al de la norma constitucional. Es un principio universal en materia de formación de las leyes que un proyecto de ley votado en contra muere ahí, y que el proponente debe comenzar de nuevo el trámite respectivo sí quiere que su proyecto de ley sea aprobado.
No se trata este de un obstáculo menor dadas las posibilidades judiciales que se abren ante el Tribunal Constitucional en el caso de que la señora Armengol presidenta del Congreso de los Diputados no rectifique su decisión de remitir el proyecto de Ley de Amnistía rechazado al comité respectivo para que elabore un nuevo informe. Un camino nada fácil y lleno de espinas, el que conduce al máximo arbitro de la constitución española que pudiera al final desechar cualquier solicitud de inconstitucionalidad o negar simplemente un amparo contra el daño causado por la orden de Armengol si fuese el caso. Hablamos no de días, sino de semanas o meses, dependiendo de la deriva que tome el asunto, tiempo durante el cual las averiguaciones judiciales que están abiertas en los tribunales sobre el proces, entre ellos el caso Voloh, siguen su curso y los magistrados a su cargo apuran el reloj y los recursos de que disponen para llegar hasta el final y pronunciar el jaque mate.