La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes la “desaparición forzada” de la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien fue detenida el pasado viernes y cuyo paradero aún se desconoce.
La CIDH señaló en una publicación en X que San Miguel es beneficiaria de medidas cautelares e instó al Estado venezolano “a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia”.
El pedido del organismo se suma al de más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela, quienes este lunes han rechazado la “detención arbitraria” de la activista, arrestada el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Este mismo lunes, Juan González Taguaruco, el abogado de la activista, señaló a EFE que cinco familiares y allegados de la también abogada están “desaparecidos” desde la detención de la activista.
El letrado informó de la presunta detención de Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos de la detenida; Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda; y Alejandro González Canales, expareja.
Explicó que allegados y vecinos del grupo familiar han informado que, igual que la activista, estas personas fueron abordadas en distintos lugares por cuerpos de seguridad y ahora se encuentran en “desaparición forzada”.
San Miguel fue detenida por su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un presunto plan para asesinar a Nicolás Maduro, informó el domingo Tarek William Saab.
Con información de EFE