Luego de la abrupta expulsión de los funcionarios que integran la oficina de la Alta Comisión para los derechos humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) en Caracas, surgieron aproximaciones sobre la posible razón que motivó al chavismo a tomar dicha medida.
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“Estamos siguiendo con mucha preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel en Venezuela”, alertó el organismo de la ONU en su cuenta de Facebook el pasado martes.
Pese a las negaciones de Tarek William Saab y demás voceros del chavismo, la Alta Comisión fue clara al respecto.
“Su paradero permanece desconocido, lo que constituiría una desaparición forzada”, expresó el ente luego que durante días el chavismo negara irregularidades en el arresto de San Miguel, que incluyen además el atropello a cinco miembros de su familia y la presentación en tribunales a altas horas de la noche sin un abogado de su confianza.
“Llamamos a su inmediata liberación y el respeto a su derecho a la defensa”, cerró la Alta Comisión.
Fuerzas al servicio del chavismo detuvieron arbitrariamente a San Miguel, mientras que el Ministerio Público la imputa, sin presentar pruebas al público, por supuestamente vincularse a la operación “Brazalete Blanco”.
La cúpula del Palacio de Miraflores solo esperó 48 horas para ordenarle al diplomático Yván Gil que anunciara la expulsión del organismo adscrito a la ONU, tal como quedó pactado entre Michelle Bachelet y Nicolás Maduro, y se ratificó en visitas posteriores del actual Alto Comisionado, Volker Türk.
Por si fuera poco, estaba planeada la instalación de una oficina de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la misma sede en Caracas donde funcionaba la Alta Comisión. Dicho escenario se complica, lo que violaría el Memorándum de Entendimiento entre el chavismo y Karim Khan.