Representantes de distintas compañías que prestan servicios funerarios en Puerto La Cruz exigen a las autoridades explicaciones sobre una extraña ordenanza aprobada por el Concejo Municipal de Sotillo, que tiene como finalidad regular la actividad en los tres cementerios de la localidad.
Javier A. Guaipo / Corresponsalía lapatilla.com
Voceros indicaron que la mencionada “ordenanza sobre la creación, organización y funcionamiento de los cementerios municipales” fue aprobada en diciembre de 2023, entró en vigencia en enero de este año y no les habían informado sino hasta el pasado fin de semana.
Acotaron que entre los artículos de esta ley resalta que, a través de la Corporación de Cementerios Públicos y Servicios Funerarios, les cobrarán un impuesto por vehículo y por utilizar el camposanto, a pesar de que esto último ya se lo cobran a quienes gestionan la inhumación. Y por cada tributo se les cobrarán cinco unidades de la moneda de mayor valor en el Banco Central de Venezuela (BCV), que suele ser el Euro.
“Eso quiere decir que por cada servicio que prestemos, debemos cancelar 10 euros a la corporación. Si son tres servicios, entonces son 30 dólares. De paso, nos están exigiendo inscribirnos en el Registro Único de Funerarias, a pesar de que nosotros tenemos toda la permisología que pide la ley para operar”, expresaron.
Piden audiencia
Tomás Rodríguez, representante de la funeraria Profamilia, hizo un llamado al gobernador Luis Marcano y al alcalde de Sotillo, Nelson Moreno, para solicitar una audiencia y que se revise esta ordenanza, pues están en desacuerdo con la misma.
Rafael Lista, representante de otra de las empresas, enfatizó que también sienten inconformidad, porque el año pasado los convocaron desde el Concejo Municipal de Sotillo para que dieran su punto de vista sobre el mencionado instrumento, pero no tomaron en cuenta sus opiniones y sugerencias.
“De paso, ahora nos dan un ultimátum de que tenemos hasta el viernes 23 de febrero para inscribirnos en la corporación, lo que consideramos fuera de lugar”, expresó Lista, quien acotó que por ese registro deberán cancelar anualmente alrededor de 50 euros.
Los voceros del sector funerario resaltaron que quien sale peor parado con todo esto es la población, pues al pretender incrementar los impuestos de esta manera, ellos estarán obligados a subir el precio de los servicios.